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Abogados solicitarán avocamiento en caso de los estudiantes de Falcón

Con el propósito de brindar el apoyo y lograr la correcta aplicación de la justicia, en el caso de los estudiantes detenidos en el estado Falcón que están siendo juzgados ante tribunales militares, este viernes 12 de mayo el abogado Salvado Guarecuco, Director Ejecutivo del Observatorio Penal en la entidad, en compañía de los diputados Gregorio Graterol, Julio César Moreno y Juan Manaure, acudieron a la sede del Ministerio Público para denunciar a los fiscales, jueces y defensores públicos militares que se han encargado de llevar adelante el juicio de estos jóvenes.

“El día de hoy los diputados que me acompañan, fueron a la fiscalía superior, asistidos por un grupo de abogados que está acá presente a denunciar al fiscal militar, a denunciar al tribunal militar, e inclusive a denunciar al defensor público militar por los delitos que aquí plasmamos”, dijo Guarecuco.

El abogado dio los nombres de los funcionarios “Juez militar permanente Lucía Sabino de Hernández, al fiscal militar esteban Alcalá Guevara, y el defensor público militar Edwin Manzanares, que hace las veces de Auditor General de acuerdo al Código Orgánico de Justicia Militar», quienes están denunciados por incurrir presuntamente en el quebrantamiento de pactos internacionales, violando el artículo 9 de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos incurriendo en la violación del artículo 180-A del Código Penal, incurriendo en la violación del artículo 7 del Estatuto de Roma.

Reiteró que el procedimiento de juzgar a los estudiantes en un tribunal militar está «viciado», porque no son competentes “el nacimiento de esta figura del tribunal militar para estos muchachos (los manifestantes) es nula de toda nulidad, carecen de legitimidad para actuar porque no son los competentes, porque no representan el principio del juez natural”.

Guarecuco, no dejó pasar por alto la oportunidad de manifestar su pesar por lo ocurrido en la base naval de Punto Fijo: “estamos claros que lo que ocurrió allá inclusive nos da hasta tristeza (…) El problema no es que se les violentó un derecho a los abogados, aquí se le violentó el derecho de decidir a los imputados” indicando que ellos tienen la potestad de decidir quiénes serán sus abogados defensores.

En compañía de los diputados por el estado Facón del partido Primero Justicia, hizo un llamado a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz: “es hora de que actúe para darle un parao a estos procedimientos militares a ciudadanos civiles (…) Nosotros no vamos a proceder a un conflicto de competencias, porque eso tiene que ser por sala plena y eso tiene que ser a solicitud de un tribunal, el tribunal militar pareciese en este momento está usurpando funciones, funciones de tribunales ordinarios”.

Alianza de justicia

Durante la rueda de prensa celebrada este viernes, el director del Observatorio Penal de Falcón, anunció que entre sus filas, tienen como asesora a la doctora Rosa Blanca Mármol de León, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “con un foro penal que se creó en la ciudad de Caracas y en los estados de la zona central que se llama Foro Penal Rosa Blanca Mármol de León, este observatorio, en los próximos días lo que va a buscar es la regulación de competencias”, manifestó.

Sobre el ejercicio de los abogados que se ofrecieron para defender a los jóvenes que fueron detenidos en el Destacamento de Seguridad Urbana en Coro y que posteriormente fueron llevados a la base naval de Punto Fijo, el abogado Salvador Guarecuco, detalló que se violentó el libre ejercicio de ellos “los que estuvimos allá presente, no nos dejaron entrar a las primeras de cambio. El artículo 49 concatenado con el artículo 130 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, faculta a los familiares nombrar a sus abogados de confianza”.

Al ser consultado sobre quién va a juzgar a los militares o funcionarios que ataquen desmedidamente a civiles en manifestaciones, explicó que la Ley establece que los militares que cometan delitos comunes, serán juzgados por tribunales ordinarios civiles, mientras que los militares que comentan delitos militares desde el punto de vista castrense, son juzgados por el Código orgánico de Justicia Militar y que los civiles que cometan delitos comunes tienen que ser juzgados por tribunales civiles.

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