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Activistas se encadenan en Caracas para exigir derechos de la comunidad LBTIQ+

Este 21 de noviembre, activistas LBTIQ+ manifestaron frente a la Defensoría del Pueblo para condenar el silencio de las autoridades y exigir igualdad de derechos de la comunidad.

«Hemos agotado todas las vías, la administrativa, la judicial. Entonces, hemos decidido recrudecer nuestra manifestación y nuestra protesta. Es por eso que los compañeros, a partir de hoy, se declaran en resistencia (…) estarán aquí encadenados hasta nuevo aviso», dijo Richelle Briceño, portavoz de la protesta, en la que participaron unas diez personas.

Durante la protesta, tres hombres, uno de ellos en silla de ruedas, se encadenaron en unos bancos cercanos a la Defensoría y permanecerán allí hasta ser atendidos por el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, a quien le recriminan que no ha defendido ni ha promovido ningún avance para la comunidad.

«Amenazamos, como colectivo, con una huelga de hambre hasta que el defensor cumpla con lo que tiene que cumplir, que es defender los derechos humanos de la población», aseveró Briceño.

La activista Richelle Briceño habla durante una manifestación frente de la Defensoría del Pueblo para exigir un pronunciamiento de respaldo al colectivo que repudia el silencio de las instituciones del Estado ante peticiones y reclamos por la igualdad de derechos / EFE

La vocera destacó que diversas organizaciones de derechos humanos han solicitado al Tribunal Supremo de Justicia anular un artículo del código de justicia militar que penaliza la homosexualidad con hasta tres años de cárcel. Agregó que Ruiz no se ha pronunciado al respecto.

Asimismo, los manifestantes criticaron el silencio del defensor ante la negativa de la burocracia venezolana para permitir el cambio de nombre, un derecho consagrado en la Ley de Registro Civil de 2009 que no ha sido respetado y, por consiguiente, las personas transexuales viven con identidades que no corresponden con su género.

Entre otros asuntos, recordaron que el Parlamento recibió en 2014 un anteproyecto de ley sobre matrimonio igualitario y que en 2016 se creó un precedente judicial que permitió el reconocimiento legal a una familia homoparental, temas que no han avanzado y que la Defensoría no ha impulsado, según los activistas.

Briceño señaló que, de esta manera, el Estado no violenta por acciones sino por omisión y que ante tanto silencio se ven en la necesidad de esta «medida desesperada» que esperan produzca alguna conquista para este colectivo.

*Con información de EFE

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