Actualidad Nacional

Alertan que sentencias del TSJ de Maduro pretenden liquidar a la Asamblea Nacional

LA ONG Observatorio Venezolano de Justicia, a través de Acceso a la Justicia, denunció este martes que los diputados a la Asamblea Nacional (AN) siguen en la mira del Gobierno de Nicolás Maduro, pues informó que ya son 16 los parlamentarios que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afín al gobierno de Nicolás Maduro, ha enjuiciado y despojado de su inmunidad, violentando con ello la Constitución.

De acuerdo con esta ONG, estos 97 fallos anulatorios de la inmunidad de diputados a la AN se traducen en la inhabilitación de un poder que fue electo de forma democrática y que desde su instalación no ha podido ejecutar sus actos jurídicos.

Secuestro de poderes

En efecto, Acceso a la Justicia destacó que paulatinamente el Poder Legislativo ha sido secuestrado por el Gobierno de Maduro a cuyas órdenes se encuentra el sistema de justicia venezolano, conformado no sólo por el Poder Judicial, sino también por la Fiscalía, la policía, el sistema carcelario y la Defensa Pública.

 

La ONG consideró que con la aniquilación de la legítima AN por parte del TSJ oficialista queda anulada la soberanía popular y el derecho al voto en Venezuela, que son elementos clave para la existencia de una verdadera democracia.

Y es que desde diciembre de 2015, fecha en que la oposición ganó el Parlamento por primera vez en 17 años de gobierno socialista en Venezuela, el TSJ ha emitido 97 sentencias en contra del Poder Legislativo venezolano.

Desde el 2015

De las 97 decisiones que el máximo tribunal ha dictado hasta el momento, la primera fue en diciembre de 2015, el mismo mes de la elección de la AN, aun habiendo vacaciones judiciales. Mediante esta decisión, el TSJ, en su Sala Electoral, suspendió cautelarmente la elección de los diputados del estado Amazonas, quitándoles cuatro diputados a la AN (tres de oposición), lo que hasta ahora ha mantenido (más de tres años después) y dio lugar posteriormente a su tesis del desacato de la AN, que es lo que ha impedido a este órgano que sus decisiones tengan fuerza jurídica desde su misma elección.

Foto: Twitter @VTVcanal8

Entre diciembre de 2015 y 2016 el TSJ dictó 38 sentencias en contra de la AN, porque esta siguió sesionando y emitiendo actos jurídicos, incluso varias leyes, a pesar del golpe de la sentencia de 2015 e, incluso, trató de cumplir con lo establecido por ella, pero el TSJ nunca se dio por satisfecho en ese aspecto.

A año siguiente (2017), el TSJ dictó 33 sentencias contra la AN, desconociendo acto por acto emanado del Parlamento. En 2018 el TSJ dictó 12 sentencias. Fueron menos que en el año anterior porque al instalarse la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en agosto de 2017, ésta tomó en buena medida el rol del TSJ. Además, al haberse verificado una rebelión popular y apegarse a los artículos 333 y 350, la propia AN, al persistir su desconocimiento por el TSJ, no dictó tantos actos jurídicos como el año anterior.

Desconocen todo

En el año en curso, el TSJ ya ha dictado para principios de mayo 14 sentencias en contra de la AN, desconociendo además al presidente encargado de la República, Juan Guaidó, y todos sus actos jurídicos, bajo el alegato de que la AN se encuentra en desacato.

EFE

Vale destacar que las sentencias 155 y 156 emanadas en el 2017 y que en su momento causaron escándalo internacional, desconocieron la inmunidad parlamentaria y disolvieron a la AN como Poder Nacional.

Aunque estas sentencias fueron revocadas poco después, se mantuvo la usurpación de funciones de la AN. Acceso a la Justicia explicó en su momento que en realidad estas “aclaratorias” eran un maquillaje: la Asamblea ha seguido intervenida y disminuida.

Cortesía Lisandro Casaña

«Es prueba de ello que, por ejemplo, en esa oportunidad no le devolvieron su potestad constitucional y legal de aprobar la constitución de empresas mixtas en materia de hidrocarburos, lo que en efecto ha venido haciendo el Ejecutivo Nacional desde entonces con la consecuencia, entre otros, de venderle acciones de Pdvsa a empresas rusas», afirmó la organización no gubernamental.

 

 

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