Actualidad Nacional

Álvarez Paz denuncia que su delito fue opinar

El ex gobernador de Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, se dirigió al país en una carta abierta emitida desde su centro de reclusión en El Helicoide, donde está detenido desde el 23 de marzo.

En la misiva, Álvarez Paz sostiene que su único delito fue emitir una opinión sobre la posición asumida por el Gobierno en torno a la presunta incursión de terroristas en Venezuela.

«Me limité a criticar al Gobierno y exigir explicaciones en torno a los señalamientos hechos por la justicia española sobre la cooperación de algunos funcionarios venezolanos con agentes del terrorismo», se señala en la misiva. «Todo eso es materia es del dominio público», afirmó.

Al ex candidato presidencial se le imputan los delitos de conspiración, instigación pública a delinquir y difusión de información falsa por declaraciones emitidas en el programa Aló, Ciudadano que transmite Globovisión.

«Estoy preso y sometido a juicio penal mediante un arbitrario y atropellado procedimiento que, en tiempo récord, ha servido para privarme de la libertad personal y colocarme en una situación difícil para defenderme», añadió.

El dirigente político relató cómo el 8 de marzo de este año fue invitado al programa de Leopoldo Castillo. «El tema fundamental giró en torno al auto de procedimiento dictado por el juez Eloy Velazco, magistrado de la Audiencia Nacional de España, relativo al sumario que se instruye sobre las probadas relaciones, según ese acto judicial, entre la ETA y las FARC. El juez pidió la colaboración del Gobierno venezolano, pero el señor Chávez respondió atacando al Presidente español y a todo el mundo», agrega en el texto.

Álvarez Paz puntualiza que está recluido «por opinar, alertar y criticar el Gobierno sobre asuntos que son dee dominio público». El ex candidato presidencial explica cómo está, en su opinión, la situación política del país.»Ahora me imputan tres delitos con penas que pueden ir hasta 16 años de prisión.

Así está Venezuela. Represión, violencia física e institucional para criminalizar la disidencia, cerrar medios de comunicación e impedir informaciones contrarias al régimen».

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