Amnistía Internacional: en Venezuela hay un total descontrol de armas
El coordinador de Amnistía Internacional (AI) en Venezuela, Carlos Lusverti, consideró este jueves que hay un «total descontrol» de armas en el país, donde se calculan unos 12 millones de armas ilegales, pero valoró «positivamente» la discusión de la nueva Ley para el Desarme.
En una entrevista telefónica con EFE, Lusverti alertó sobre las cifras «preocupantes y escandalosas» de armamento a manos de la población civil en Venezuela, país de unos 28 millones de habitantes.
Casi uno de cada dos venezolanos estaría en posesión de un arma, de acuerdo con los «doce millones» que circulan en el país, según cifras reveladas por el presidente de la comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional (AN) e impulsor de la ley, el diputado oficialista Juan Mendoza.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) critican la inexistencia de datos oficiales sobre el parque de armas y el mercado armamentístico ilegal en Venezuela, una situación que, según Lusverti, es consecuencia del «desorden» gubernamental que incluye un «descontrol de las armas bajo poder del Estado y sus cuerpos policiales».
«Es necesario que el Gobierno venezolano sepa cuantas armas tiene. Si no está en condiciones de determinar sus propias armas, aquí se revela parte del problema de que no tenga un monopolio real y total de la violencia, como uno podría esperar», sostuvo.
Además de las armas a manos de la delincuencia común, el coordinador de AI identifica, en Venezuela, un particular mercado ilegal de armamento a manos de grupos armados al margen de la ley y que se autodenominan partidarios del Gobierno.
Venezuela registró 19.133 asesinatos en 2009, de los que un 79,48 por ciento (15.191) fueron cometidos con armas de fuego, según un estudio oficial filtrado a la prensa.
La inseguridad es el tema que más preocupa a los venezolanos según todas las encuestas y se ha convertido en el principal foco de la campaña de la oposición para las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre.
Después de aprobar en primera discusión la reforma de la Ley del Desarme en enero, la AN retomó hoy el debate de la norma, que quiere registrar, controlar y recuperar las armas a manos de civiles, a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La nueva legislación, que reformará la aprobada en 2002, establece un tiempo de gracia para la entrega voluntaria de las armas ilegales a la FANB y tipifica penas de 10 a 12 años de prisión para quienes no lo hicieran.
La presidenta de la AN, Cilia Flores, había anunciado que la ley sería aprobada este jueves, suscitando críticas de «oportunismo electoral» por parte de la oposición, pero ella misma dijo hoy que se aprobará más adelante por la cantidad de propuestas ciudadanas recibidas.
«Queremos una ley que sirva (…) no es una ley para un ‘show’ mediático ni de campaña electoral y no va a ser una tabla de salvación para ellos (los opositores)», aseguró Flores.
Una de las organizaciones consultadas para revisar el proyecto de ley, a petición del ministerio el Interior, fue la ONG Red Internacional de Acción Mundial contra las Armas Pequeñas (IANSA).
Su representante para América Latina y miembro del consejo asesor del organismo, César Marín, dijo a Efe que la norma que se debate en la AN, «si bien no es perfecta», cumple con los «criterios mínimos de satisfacción» que no tenía la propuesta de enero pasado.
«La idea de legislación en materia de desarme es positiva, porque es un reconocimiento de que existe un problema de seguridad ciudadana que requiere de una política pública», coincidió el coordinador en Venezuela de AI.
Lusverti no se mostró tan optimista con respecto a uno de los aspectos más polémicos del proyecto de ley: la «corresponsabilidad» que la norma otorga al Poder Popular organizado, las comunas, en la definición de las políticas de recuperación de armas junto al Estado (artículo 7).
Las «políticas de rearme civil» y «militarización» impulsadas por el presidente Hugo Chávez, como la recién creación de las milicias bolivarianas (pueblo en armas), «no resultan en absoluto adecuadas», agregó.
