Actualidad Nacional

AN denuncia en Madrid el «ecocidio» de Maduro

Representantes de la Asamblea Nacional (AN) venezolana denunciaron este miércoles en Madrid el «ecocidio» llevado a cabo por Nicolás Maduro, en el conocido como Arco Minero del Orinoco, una zona amazónica rica en oro, diamantes y coltán, muy apreciado por uso en la fabricación de teléfonos móviles.

Según la delegación de la AN en España, encabezada por Antonio Ecarri, la explotación de esos recursos es un «ecocidio» en el que están implicados la familia de Maduro, especialmente su hijo, Nicolás Maduro Guerra, y los militares fieles al Gobierno venezolano, que está provocando «un grave daño ambiental».

En rueda de prensa en Madrid, la subcomisionada presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Isadora Zubillaga, explicó que en el marco de la cumbre mundial del clima, o COP25, una delegación de la Asamblea Nacional se ha reunido con países como Francia, Holanda, Canadá y Perú para denunciar esta situación, que también llevarán hasta Bruselas, destacó Efe.

El Arco Minero del Orinoco, una área de 111.000 kilómetros cuadrados, el 12% de la extensión del país, «está sufriendo una gran desforestación» con la explotación minera que lleva a cabo el régimen de Maduro y con ello la «destrucción del suelo, haciéndolo más frágil, por lo que su recuperación va a ser prácticamente imposible», dijo Eugenio Chacón, profesor universitario e investigador en el área ecológica y cambio climático.

Según Cachón, la explotación minera en esa zona, que ocupa mayoritariamente el norte del estado de Bolívar y en menor proporción el noreste del estado de Amazonas y parte del estado del Delta Amacuro, no solo provoca desforestación, sino un aumento de los gases de efecto invernadero» en una de las áreas más importantes en la mitigación del cambio climático».

Las consecuencias de la minería

El uso de mercurio para separar el oro de la tierra, que luego cae a los afluentes del río Orinoco, es una de las causas de la contaminación ambiental, en concreto de las aguas y de los recursos pesqueros de más de veinte etnias indígenas que viven en la zona, según denunció Cachón en la rueda de prensa.

También influye, explicó, en el aumento del ciclo de vida de los zancudos, los mosquitos que transmiten la malaria, por lo que se expanden las enfermedades que afectan a las poblaciones más vulnerables, fundamentalmente a los pueblos indígenas: «El 25% de las muertes en el estado de Bolívar son por malaria», afirmó.

La contaminación de los ríos afecta también directamente al embalse de Guri, la fuente de energía más importante de Venezuela, donde se encuentra la tercera hidroeléctrica más importante del país y que antiguamente producía el 70% de la electricidad, indicó Américo de Grazia, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar e integrante de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo.

De Grazia, que tuvo que abandonar Venezuela por denunciar la situación del Arco Minero del Orinoco, aseguró que, mediante los decretos aprobados desde el gobierno del fallecido Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, la explotación de esa zona ha pasado del 12 al 50 % del territorio nacional, lo que correspondería a «dos veces Italia».

El diputado de la AN aseguró que hay 1.900 minas ilegales controladas por los que denominan localmente «pranes (delincuentes sacados de las cárceles y colocados como operadores mineros), que están armados por los militares y que están en consonancia con grupos terroristas como las FARC, el ELN e Huizbulá».

La trata de mujeres, otra consecuencia

La trata de personas, sobre todo de mujeres indígenas, es otra consecuencia de esta situación, según señaló la subcomisionada presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Isadora Zubillaga.

«En muchos casos llegan a otros países como Brasil o Colombia con enfermedades de transmisión sexual o embarazadas», denunció.

Zubillaga indicó que desde la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, se están trazando planes alternativos para revertir esta situación.

El siguiente objetivo, dijo, es denunciar esta situación en Bruselas para que se aprueben nuevas sanciones, que «sí son efectivas, pero que deben ser globales para serlo más». 

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