Actualidad Nacional

AN denuncia la desaparición de 80 pemones

Se desconoce el paradero de al menos 80 indígenas del pueblo pemón, así lo informó la Comisión de Política Interior del Parlamento venezolano, cuyos voceros aseguraron que tras “la masacre” que se presentó en el territorio de Santa Elena de Uairén en febrero pasado, entre los días 20 y 25, ni los familiares ni los diputados tienen fe de vida de los desaparecidos.

«Unos 80 desaparecidos que no se sabe qué pasó con estos hermanos pemones (…) qué ocurrió con estos hermanos pemones», dijo en rueda de prensa Dennis Fernández, presidenta de esta comisión.

Los integrantes de la comisión entregaron un informe a la directiva de la Asamblea Nacional, donde se detallan los sucesos a través de videos, declaraciones y cifras.

Informaron que siete pemones fueron asesinados por armas largas. Contabilizaron además 57 heridos, 62 privados de libertad y de 80 a 120 son los desplazados a Boa Vista, en territorio brasileño. Además, 650 estudiantes venezolanos y 319 brasileros se han visto afectados tras el cierre de la frontera.

Fernández dijo que la población indígena fue víctima de una «arremetida brutal» por parte de las fuerzas de orden y de grupos civiles armados. Además, aseguraron que en el traslado hasta la localidad, el autobús donde viajaban los parlamentarios fue retenido en reiteras oportunidades por  “alcabalas inusuales” hasta por más de dos horas.

La comisión solicitó al Parlamento llevar el informe a la Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales donde se denuncie la «violación de los derechos humanos» de la población indígena.

Por su parte, el diputado Romel Guzamana, presentó en la Gaceta Oficial Indígena, el Código Ancestral para la Defensa y la Protección de los Derechos de los Pueblos Originarios de Venezuela, aseguró que a través de esta ley será juzgado el mandatario Nicolás Maduro por el pueblo pemón.

 Colapso de los servicios públicos

Como punto número dos en el orden del día, fue presentado el debate sobre el colapso de los servicios de agua, luz y gas en el país.

El diputado Robert Alcalá precisó que en el año 1958 el suministro de agua se encontraba en 31%. Cuando el expresidente fallecido Hugo Chávez llegó al poder el porcentaje ubicaba en 84% y en la actualidad vuelve a ubicarse en los estándares del año 58. Aseguró que “tal descuido es inaceptable”.

Asimismo, informó que la nación dejo de percibir un aproximado de 500 millones de dólares durante los siete días que se duró el apagón nacional.

Por su parte, la diputada Nora Bracho aseguró que la crisis en los servicios se debe a la corrupción por parte del gobierno de bancada chavista. Así mismo, dijo que los racionamientos impuestos se deben a la mala gestión y al desvió de fondos.

 

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