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AN denuncia discriminación a migrantes y presencia del ELN en la frontera

Gaby Arellano denunció que Freddy Bernal quiere "cobrar por las trochas" al vender brazaletes y que "usa la necesidad de los retornados" a su favor

Este viernes 31 de julio, mediante una sesión online, se reunió la Subcomisión de Asuntos Fronterizos adscrita a la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. En la plenaria digital, se discutieron las violaciones de derechos humanos en la frontera, la presencia del ELN y de los Puntos de Atención Social Integral (PASI) que impuso la administración chavista en los límites entre Venezuela, Colombia y Brasil.

«(Los PASI) son campos de concentración y esclavitud que viola la dignidad humana de los retornados venezolanos por las mafias que representa  Nicolás Maduro”, dijo Gaby Arellano en su intervención.

Arellano denunció también que Freddy Bernal impuso la venta de «brazaletes» para cruzar más rápido de Colombia a Venezuela por trochas. «El tiempo promedio que tiene un venezolano para pasar la frontera es entre 4 a 20 días, pero si pagas el brazalete a la Guardia Nacional venezolana, puedes pasar en horas».

La diputada también afirmó que con este nuevo mecanismo ilegal de ingreso al país, Freddy Bernal viola el derecho humano consagrado en el artículo 13 de Declaración Universal de Derechos Humanos, del que Venezuela es parte.

Entre guerrilla y odio

Eduardo Trujillo, Director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en su participación en la plenaria, indicó que han «recibido reportes alarmantes de periodistas y victimas que han denunciado que grupos paramilitares del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acuden amedrentar a los venezolanos retornados que están obligatoriamente confinados en los Pasos de Atención Social Integral».

El catedrático afirmó que el calificativo peyorativo “bioterroristas” que usa el régimen venezolano que acusa a conciudadanos que retornan por Colombia y Brasil de “venir a infectar al resto de la población con el Covid-19”, representa un “discurso de odio y criminalización”.

Trujillo pide dejar sin efecto la detención de retornados que han usado pasos no controlados y proceder a su inmediata liberación o al cese de su procesamiento judicial. «El retorno al propio país es un derecho humano consagrado en instrumentos internacionales», indicó.

En Amazonas la situación no es distinta según el diputado Romel Guzamana, quien dijo que el ELN y el Hezbolá tienen «el control de actividades ilícitas de la zona», y denunció que las paupérrimas condiciones de los indígenas venezolanos que debido a la crisis económica y sanitaria.

Derechos humanos suspendidos

El diputado Américo de Grazia comenzó su intervención con la presentación de dos testimonios por parte del excalde Ricardo Delgado y Lisa Lynn, habitante de la zona sur del estado Bolívar que colinda con la frontera de Brasil, con respecto a las fallas de servicios públicos, persecución, terrorismo, acoso, hostilidad contra las comunidades indígenas pemones, por las fuerzas de seguridad del Estado.

Por otra parte, el parlamentario Yorman Barillas denunció que miembros de grupos irregulares colombianos, en conjunto con la Guardia Nacional, «matraquean en dólares» a los indígenas en Maicao.

Eduardo Trujillo denunció también que a los venezolanos retornados les suministran alimentos en mal estado, no tiene agua potable para su consumo, «lo que constituye una violación flagrante de sus derechos humanos».

Por último, Javier Sánchez Chacón, Investigador del Centro de Estudios de Fronteras e integración de la Universidad de Los Andes, denunció que desde hace más de una década no hay una comisión presidencial para las zonas de fronteras, así como también no existe actualmente el comercio fronterizo.

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