AN exige el cese a la persecución de la actividad periodística en Venezuela

Los diputados que conforman la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN), condenaron enérgicamente, la sistemática violación a las libertades de expresión y de prensa, por parte de la administración Nicolás Maduro.

En virtud de ello, se solidarizaron con el gremio, exigieron el cese a la persecución, hostigamiento y criminalización de la actividad periodística en Venezuela, además, ratificaron su compromiso por la lucha incansable a una prensa libre y por el derecho a estar informado.

La nueva escalada de agresiones contra la prensa libre ocurrió el pasado 8 de enero, cuando afectó particularmente el canal internacional de noticias VPITV y los portales informativos web: Panorama, Efecto Cocuyo, Diario Tal, Caraota Digital, El Pitazo y a Radio Fe y Alegría, los cuales fueron allanados, robados, atacados cibernéticamente, cerrados o criminalizados, durante un operativo conjunto entre la entidad reguladora de telecomunicaciones, CONATEL, y la de recaudación de impuestos, SENIAT.

El presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, denunció el aniquilamiento de la democracia y la libertad de expresión que ha sido cercenado para impedir el derecho a la información por ser una amenaza para Nicolás Maduro y subrayó que 7, 7 % de la población total venezolana tiene acceso a internet, lo cual limita la posibilidad de comunicación y consultar los diferentes portales web informativos para conocer el acontecer diario que optaron por este formato digital debido a la falta de papel para imprimir periódicos.

Alertan a comunidad internacional

Al respecto, los diputados Jony Rahal y Sonia Medina, presidente y vicepresidente de la Comisión Permanente de Medios de la AN, alertaron a la comunidad internacional sobre estos nuevos modus operandi que usa el oficialismo, a través de organismos públicos “para extorsionar y silenciar la libertad de expresión en Venezuela”.

El parlamentario, indicó que la referida instancia legislativa desde hace 5 años viene documentando y visibilizando las violaciones sistemáticas progresivas de la libertad de expresión y los mecanismos perversos implementados para crear una hegemonía comunicacional de censura, autocensura y extorsión contra los medios en Venezuela.

Libertad de prensa coartada

Seguidamente, la legisladora Deyalitza Aray, vicepresidenta de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario, denunció que el ataque sistemática a los medios de comunicación es una política de Estado reiterada y desatada para impedir visibilizar la realidad que se vive en Venezuela y afirmó que estos actos arbitrarios serán engrosados en el expediente de violaciones de los derechos humanos que ejecuta Maduro.

Por último, tomó la palabra el parlamentario Alexis Paparoni, presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, condenando la campaña de desprestigio contra la prensa libre a través de los canales oficiales como Venezolana de Televisión (VTV) y Globovisión y recordó que desde el año 1999, Hugo Chávez y Nicolás Maduro han perpetrado incalculables golpes a los medios de comunicación, periodistas y trabajadores de la prensa, lo cual llevo a ubicar a Venezuela, en el segundo país latinoamericano, donde no se respeta las garantías de la labor periodística, superado por la dictadura de Cuba.

Acuerdo que reconoce deudas

Por otra parte, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional en Sesión ordinaria vía online, aprobó este martes un Acuerdo donde se reconocen las deudas sostenidas con las firmas de abogados que han representado al Estado venezolano y sus entes descentralizados, en cortes y tribunales extranjeros en juicios concernientes a la defensa, protección o recuperación de activos del pueblo venezolano, hasta por el monto de dieciocho millones setecientos cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y uno dólares con cuarenta y nueve centavos (US$ 18.749.681,49) y que fuesen contraídas durante los años 2019-2020.

El referido Acuerdo fue presentado por el presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, diputado por el estado Mérida, Carlos Paparoni, donde se establece ordenar al Consejo Nacional de Defensa Judicial y exigir a la Procuraduría Especial de la República subsanar los errores procedimentales, realizando el procedimiento de contratación y autorización conforme a lo establecido en las leyes de la Republica y estableciendo montos de los mismos, apegados al presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional.

Adicionalmente, velar porque cualquier requerimiento de recursos adicionales debe ser a partir de una extensión del contrato también debidamente autorizada por el Consejo Nacional de Defensa Judicial y enmarcada en la estrategia general de defensa de los activos del Estado en el extranjero.

Al mismo tiempo, solicita la presentación por parte de la Procuraduría Especial de la República, de un informe sobre las posibilidades de la República y de otros entes del Estado de obtener o no decisiones favorables en los litigios cursados en tribunales extranjeros.

Dicho informe deberá ser presentado a la Juntad Directiva de la Asamblea Nacional y deberá contener los lineamientos estratégicos generales de la defensa judicial y extrajudicial de los derechos e interés del Estado venezolano en el extranjero, procurando así que la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de Defensa Judicial conozcan la racionalidad estratégica y económica de cada proyecto de contratación de servicios profesionales judiciales y extrajudiciales en el extranjero.

El Acuerdo solicita de la Procuraduría Especial de la República un Informe con el presupuesto de gastos, desagregado caso por caso e indicando el total para el año 2021 y al mismo tiempo insta a designar una Comisión especial que revise junto con el Consejo Nacional de Defensa Judicial, la Procuraduría Especial de la República y las juntas ad-hoc involucradas la  situación actual de los litigios, para desarrollar lineamientos de un proceso de subsanación de los fallos ocurridos en el proceso de contrataciones y la evaluación de una  estrategia que responda a los mejores intereses de la República.

Cabe destacar que el diputado Paparoni previo a la aprobación del referido Acuerdo, presentó ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, el informe con relación a las deudas contraídas a los fines de continuar con la defensa e intereses judiciales y extrajudiciales de la República en el extranjero, el cual fue aprobado.