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AN investigará al defensor del pueblo y responsabiliza a Maduro de amar colectivos civiles

Con una bancada del oficialismo vacía, un cartel con la imagen del diputado Gilber Caro que muestra el conteo del tiempo que lleva detenido y unos carteles distribuidos entre los diputados de la oposición en los que se lee «Tarek William Saab defensor del dictador» transcurrió la sesión de de la Asamblea Nacional (AN) de este martes 25 de abril.

Ante la falta de respuesta del Poder Moral Republicano, la AN comisionó a un grupo de diputados: Juan Miguel Matheus, Williams Barrientos, Luis Silva, Armando Armas y José Luis Pirela para que investiguen el comportamiento del defensor del pueblo, Tarek William Saab.

El Parlamento condenó la actuación del defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien a través de un comunicado, como afirmó la diputada Sonia Medina «firmado por una secretaria», informó al Poder Legislativo que era «inoficiosa» su solicitud para remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En este sentido, la mayoría opositora aprobó que en un plazo de tres días el defensor del pueblo, Tarek William Saab active el proceso para destituir magistrados.

El diputado Ángel Medina recordó que los requisitos para ser defensor del pueblo es tener una larga experiencia en la defensa de los Derechos Humanos pero que ante

Henry Ramos Allup resaltó que la AN cuando solicitó al Poder Moral no fue «un acto inocente», porque sabían que no recibirían respuesta afirmativa del ente presidido por el defensor del pueblo. «Hicimos la solicitud para cumplir con todos los pasos que establece la Ley, aún cuando sabemos que Tarek no hará nada», dijo. El también dirigente de Acción Democrática, manifestó que «el vago de Tarek no defiende a nadie. Está en ese cargo para alcahuetear al Gobierno y ahora al TSJ», pero recordó que ningún país «puede sobrevivir con un Poder Judicial que no se atiene al derecho».

Colectivos Armados

Cuando eran las 4:00 de la tarde los diputados discutían la «política de Estado de armar a colectivos paramilitares para cometer crímenes políticos, amparados por la Fuerza Armada Nacional», y con cotufa en mano iban observando a cada uno de los que tomaba el derecho de palabra.

Americo De Gracia aseguró que Vladimir Padrino López, Nestor Reverol y Nicolás Maduro son los responsables de la presencia de los colectivos armados en las calles. Señaló que estos grupos de venezolanos son pagados para «controlar el narcotráfico y cobrar vacuna a ganaderos y empresarios».

Alexis Paparoni, por Primero Justicia, denunció que estos grupos armados en Mérida atacaron la manifestación opositora cuando esta se retiraba después de haber culminado su actividad. El parlamentario hizo un llamado al ministro Reverol: «si dice que conoce a estos grupos armados ‘contratados por la oposición’ métalos presos y quítele las armas que ustedes mismos le han entregado».

La diputada y presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, Delsa Solórzano aseguró que le corresponde al presidente Maduro responder por las armas que están en las manos de los civiles, según lo establecido en la Constitución «el monopolio de las armas es otorgado a la FAN ¿Cómo explican que estén en manos de colectivos que asesinan en las calles?», cuestionó.

Por su parte, José Guerra se pronunció ante las acusaciones que el alcalde del municipio Libertador ha hecho en su contra: «mi trayectoria es la mejor defensa contra los rumores y las difamaciones que hacen en mi contra», y reiteró que el pueblo tiene derecho a protestar, «y así lo hace, mientras estos paramilitares lo aterrorizan», por lo que hizo un llamado a la FAN para que no lo permitan.

Gaby Arellano contó como el pasado 19 de abril presenció en la Plaza La Estrella de San Bernardino bajaban los grupos armados y minutos después fue asesinado un joven. Se dirigió al ministro Reverol: «mientras más violencia desaten, más pueblo decidido a luchar por libertad va a haber en la calle».

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