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AN legítima responsabiliza a funcionarios del gobierno interino de corrupción en Monómeros y Pequivén

La comisión de contraloría de la Asamblea Nacional legítima aprobó un informe en el que responsabilizan a funcionarios del gobierno interino de Juan Guaidó de participar en presuntas actividades de corrupción desde que asumieron responsabilidades en las empresas Monómeros y Pequivén en 2019.

Con seis votos a favor, la investigación también exime de culpa alguna a a Juan Guaidó y asegura que el dirigente político “tuvo las manos atadas” al tomar medidas sobre Monómeros, por factores políticos.

En junio, la Comisión quiso solicitar a Guaidó la destitución de la directiva de Monómeros, liderada por Guillermo Rodríguez Laprea. El documento, aprobado este 21 de julio, “declara la responsabilidad política en los hechos irregulares” de Monómeros sobre su gerente general, a quien se acusa de ocultar información a la Asamblea Nacional “con el propósito de que se conozca la verdad sobre la contratación” de la empresa LyonStreet.

Según el informe de 47 páginas, Rodríguez Laprea propuso propuesto “un negocio jurídico” a Monómeros donde “corría el riesgo de una toma, no hostil, sino sutil”; mientras que Enrique Sánchez, procurador especial del gobierno interino de Guaidó, consideró “innecesaria” la acción.

Así pues, los legisladores determinaron que el acuerdo entre Monómeros y LyonStreet, firmado en abril de 2021, “transfería por 15 años las competencias del activo venezolano a esa compañía panameña”.

La comisión estableció que se declare la responsabilidad política y “destitución inmediata” de la presidenta de la junta administradora ad hoc de Pequivén, Diana Bracho, pues “no atendió la responsabilidad que su alto cargo le impone, de velar por el buen funcionamiento y la transparencia en el desempeño de la Junta Directiva de Monómeros, filial de Pequivén”.

De igual forma, los diputados recomiendan una “estructuración total” de Monómeros y realizar una “auditoría interna”, con el fin de detener “la descomunal campaña de desprestigio que tiene su soporte y su justificación en funcionarios que han debido ser removidos de sus cargos”.

*Con información de VOA

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