AN no investiga a Pdval porque no es tribunal
Desde que trascendió a la luz pública el caso de las más de 130 mil toneladas de alimentos vencidos, en nueve ocasiones diputados disidentes han solicitado a la directiva de la Asamblea Nacional investigar el escándalo. Sin embargo, la respuesta siempre ha sido una negativa. Ayer la presidenta del Parlamento, diputada Cilia Flores, la justificó indicando que «nosotros no somos jueces».
«Este caso es conocido porque el mismo Gobierno denunció lo de los alimentos vencidos. Fue el Gobierno, el presidente (Hugo) Chávez, quien exhortó para que se investigara (…) Allí hay un procedimiento y allí está interviniendo el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ellos quieren que la Asamblea investigue, pero nosotros se lo hemos dicho: Nosotros en la Asamblea podemos establecer responsabilidades políticas cuando no hay actuación del Estado en una causa. En este caso el mismo Gobierno, el mismo presidente Chávez solicita la investigación. Nosotros no somos jueces. Allí hay unas decisiones y nosotros las apoyamos», afirmó Flores durante el programa José Vicente Hoy, que todos los domingos transmite Televen.
Sin embargo, el artículo 222 de la Constitución de 1999 establece que el Parlamento «podrá ejercer su función de control» a través de «las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias» y a partir de ellas podrá «declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva su responsabilidad».
Por su parte, el artículo 223 de la Carta Magna prevé que el Parlamento y sus comisiones podrán «realizar las investigaciones que juzguen convenientes» y todos los funcionarios públicos «están obligados» a comparecer y suministrarle la información que le soliciten los legisladores.
Y, por último, el artículo 224 señala: «El ejercicio de la facultad de investigación no afecta las atribuciones de los demás poderes públicos. Los jueces o juezas estarán obligados u obligadas a evacuar las pruebas para las cuales reciban comisión de la Asamblea Nacional o de sus comisiones».
