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AN solicita una comisión de la ONU para tratar enfrentamientos armados en la frontera

Los diputados de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional Legítima, reiteraron el llamado Organización de las Naciones Unidas (ONU) y demás instancias Internacionales en materia de derechos humanos, para que hagan presencia en Venezuela, ante los recientes combates en la frontera entre Venezuela y Colombia y los acontecimientos violentos sucedidos por el crimen organizado de bandas delictivas que operan en las zonas populares de la gran Caracas.

El parlamento condenó las muertes de militares venezolanos en el estado Apure y responsabilizan a Nicolás Maduro y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino por estos sucesos que lamentablemente enluta a la institución castrense.

En tal sentido, el presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional envió condolencias a los familiares por las pérdidas de vida de soldados venezolanos, que murieron en los cruentes combates ocurridos entre guerrillas extranjeras amparadas por Nicolás Maduro y anunció que el Parlamento venezolano junto al Gobierno colombiano y organismos multilarerales, investigará la violación de derechos humanos que se comete en la zona fronteriza

En el debate, intervino el diputado Luis Lippa, quien instó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nombrar una Comisión de Consolidación de Paz del Consejo de Seguridad de este órgano, “para poner orden y garantizar el retorno” a su sitio de origen, sus viviendas y trabajos a los más de 6.000 apureños venezolanos desplazados, debido al conflicto entre la Farc contra las Fuerzas Armadas de Venezuela.

Sugirió la implementación de una política de Estado fronteriza para que los conciudadanos se sienten seguros en su territorio, esto, indicó el parlamentario, a través de las instituciones internas como el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA).

Acuerdo del CNE

 La Comisión Delegada aprobó acuerdo que ratifica que el único ente que puede designar el Consejo Nacional Electoral (CNE) es la legítima Asamblea Nacional, por lo que desconoce la designación de supuestos rectores del ente comicial, por parte del espurio parlamento constituido a partir de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre de 2020.

Así mismo, expresa el acuerdo aprobado en la sesión de la Comisión Delegada celebrada este martes vía online, el compromiso de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela con la recuperación de la institucionalidad democrática y restablecimiento de garantías plenas reales, para que todos los venezolanos puedan decidir libremente a través del mejor mecanismo de la democracia, como es el voto, participando en elecciones justas, competitivas y verificables.

Igualmente reiteran, la disposición de las fuerzas democráticas representadas en la legítima Asamblea Nacional para avanzar en un proceso que permita lograr una ruta electoral confiable, que solucione la crisis política que vive Venezuela.

Acuerdo sobre ecocidio 

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional aprobó este martes en sesión ordinaria llevada a cabo vía on line, un Acuerdo donde se instruye a la Comisión de Justicia y Paz para incluir como tipos penales en la legislación interna a otros graves delitos ambientales como variantes del crimen organizado y se gestione lo conducente para que Venezuela contribuya a la adopción del crimen de Ecocidio, como crimen de lesa Humanidad en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en apoyo a la propuesta de Vanuatu y Maldivias ante la Asamblea de Estados partes de las Naciones Unidas.

El Acuerdo fue propuesto por la presidenta de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Parlamento Nacional, diputada María Gabriela Hernández, quien indicó que el texto instruye al cuerpo diplomático y demás representantes del Gobierno Encargado, como primer punto, representar a Venezuela en las distintas cumbres y reuniones preparatorias donde se debata la Acción por el Clima y expongan los peligros en el que se encuentra nuestro patrimonio ambiental.

En segundo lugar, realizar las gestiones necesarias para que Venezuela pueda optar a los programas de asistencia y de financiamiento para la conservación del patrimonio ambiental y la inserción en los modelos de economía verde o sustentable.

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