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ANC cesó funciones y aprobó nueva ley para mantener vigentes sus actos

El proyecto de ley está sustentado en seis artículos que deja constancia que las decisiones emanadas desde la ANC continuarán su vigencia

Este viernes 18 de diciembre, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó una nueva ley que regula la vigencia de los actos del organismo controlado por la Administración oficialista, como parte de la conclusión de sus funciones, luego de tres años asumiendo facultades plenipotenciarias.

El proyecto de ley está sustentado en seis artículos que deja constancia que las decisiones emanadas desde la ANC continuarán su vigencia, y solo podrán ser modificadas cumpliendo con los requerimientos especificados en los artículos 2 y 3.

“Los actos normativos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente mantendrán su plena vigencia luego del vencimiento del plazo establecido para su funcionamiento y solo podrán ser modificados de conformidad con lo establecido en la presente ley constitucional”, señala el artículo 2. 

Asimismo, resaltan que las leyes «sólo podrán ser modificadas a partir de la iniciativa del 15% del registro electoral, por las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional o por iniciativa del Presidente de la República en Consejo de Ministros».

Además, la iniciativa deberá ser remitida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo que deberá emitir un pronunciamiento ante su difusión y aprobación.

Durante el encuentro en el Palacio Federal Legislativo, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello destacó que el organismo realizó “una gran labor, el pueblo confió en nosotros y cumplimos con la tarea (…) Hoy mañana y siempre seremos los constituyentes que garantizamos la Paz en este país”. 

Una ANC sin Constitución

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas, comenzó a operar el 4 de agosto de 2017 y pese al rechazo de buena parte de la comunidad internacional, sus miembros no vacilaron para actuar en defensa de Nicolás Maduro y contra la oposición. 

Según los jefes de la Constituyente, el 28 de agosto de 2017 comenzaba la redacción de la nueva Carta Magna, una tarea especial para la que los constituyentes decidieron, unilateralmente, alargar el mandato de uno a dos años, aunque terminaron ejerciendo su poder por más de 1.200 días. 

Sin periodicidad fija, la ANC realizó decenas de sesiones formales y reuniones privadas, mientras quedaba fuera de la agenda cualquier aspecto relacionado con la redacción de una nueva Constitución, el propósito central para el que fue convocado este cuerpo. 

Al ser consultados sobre este particular, los integrantes de la ANC insistían en que ese proceso iba avanzando, aunque nunca se ventilaron en el pleno detalles del proyecto. 

Hoy es un hecho que no habrá un nuevo texto, pues así lo ha confirmado la ANC, que ahora ofrece solo un «patrimonio», en alusión a un supuesto «perfeccionamiento» de la Constitución que sigue sin conocerse pero que será usado «cuando tenga que ocurrir», o así lo ha dicho el constituyente Herman Escarrá. 

“Cortar las cabezas”

Entre lo que sí hizo la Constituyente destaca su empeño por “cortar las cabezas” que eran incómodas para su partido. La primera de ellas fue la de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, que se había vuelto una férrea crítica del Gobierno y fue destituida en la segunda sesión de la ANC. 

Aunque para llevar a cabo esta operación se requiere el apoyo de varias instituciones, la ANC aseguró entonces que podía removerla de su cargo y hacer prácticamente cualquier cosa sin consultarle a nadie porque sus decisiones emanan de un cuerpo plenipotenciario y en el que reside, como ningún otro, la «soberanía popular». 

Bajo esa premisa, esta asamblea levantó la inmunidad parlamentaria de una treintena de diputados opositores y les negó a todos el derecho al correspondiente antejuicio de mérito al considerar, en consonancia con el poder Judicial, que todos estos legisladores habían incurrido en delitos comunes. 

Según el último balance de gestión, la ANC promulgó 14 leyes, 98 decretos, 84 acuerdos y 40 «actos de otra naturaleza», es decir, 236 acciones que no eran su objetivo principal y que arrebataron las competencias de otras instituciones públicas. 

Por ejemplo, la Constituyente convocó a cuatro procesos electorales en menos de tres años y medio: votaciones presidenciales, regionales, municipales y legislativas que fueron cuestionadas por la oposición y una parte de la comunidad internacional. 

Leyes aprobadas 

Llamada entonces a blindar legalmente a la revolución bolivariana, la ANC aprobó una ley contra el odio, que establece penas de hasta 20 años de cárcel para quienes sean hallados culpables de promover «delitos de odio». 

La Constituyente le dio a Maduro su ansiada reforma a la ley de la Fuerza Armada, con lo que la Milicia pasó a ser el mayor de los ejércitos del país. 

Y más recientemente dio luz verde a la Ley Antibloqueo, un esquema propuesto por Maduro que le permite, teóricamente, desoír leyes y normas vigentes para burlar las sanciones económicas impuestas a su Gobierno con el objetivo de atraer inversiones, algo plasmado en un papel, pero imposible en la práctica. 

También con información recopilada de EFE

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