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Asamblea Nacional retiró inmunidad parlamentaria al diputado Wilmer Azuaje

Durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional se decidió por voto nominal levantar la inmunidad parlamentaria al diputado Wilmer Azuaje para que los organismos pertinentes lo investiguen por presuntas agresiones a una funcionaria pública. De la misma forma se le aplicará el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal por lo cual quedará inhabilitado para las elecciones del próximo 26 de septiembre.

La decisión se tomó con 105 a favor y 6 en contra y la ausencia del bloque del PPT.

El diputado Ismael García indicó que la votación no fue suficiente para tomar la decisión: “Están violando el reglamento de interior y de debate porque se necesitan de las tres quintas partes de los miembros de la Asamblea para tomar la decisión, por lo cual se necesitan 112 votos, cuando solo se contabilizaron 105 votos a favor de esta medida”.

Con esta decision la AN permite que el TSJ continue el proceso penal contra el parlamentario barines y que la causa sea conocida posteriormente por un tribunal ordinario.

El diputado Carlos Escarrá señaló que una vez el diputado Wilmer Azuaje sea despojado de su inmunidad parlamentaria se aplicara el Articulo 380 del COPP que establece que si un funcionario enfrenta un proceso penal un juicio, quedará desde ese momento suspendido e inhabilitado para ejercer cualquier cargo.

Escarrá hizo énfasis en que de esta manera Azuaje no podrá encabezar ninguna lista de la oposición para las elecciones del 26 de septiembre.

La Asamblea Nacional realizó una sesión extraordinaria para determinar si retirarán la inmunidad parlamentaria al diputado Wilmer Azuaje. La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, indicó antes las últimas declaraciones del diputado que era mejor haber seguido su recomendación de desprenderse de su inmunidad para que se le investigara.

La presidenta de la AN expresó durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional que “ahora vemos que el diputado Wilmer Azuaje dando unas declaraciones defensivas, tratando de convertir a la funcionaria policial en la agresora, diciendo que ella intento sobornarlo (…) le hubiera quedado mejor la recomendación que yo le hice a Juan José Molina cuando nos reunimos, y que nos parece lo más razonable y digno que era que ‘yo me desprendo de la inmunidad parlamentaria y que se me investigue’. Molina incluso estuvo de acuerdo, pero eso es una decisión muy personal”

Puntualizó luego que en la Asamblea no se le enjuiciaría pues eso corresponde al tribunal pertinente “donde el tendrá la posibilidad de demostrar que es inocente. Ojalá sea así. Que ejerza su defensa”.

Más temprano Flores, explicó que el diputado William Azuaje será juzgado por un caso de flagrancia por decisión del Tribunal Supremo de Justicia.

El diputado Wilmer Iglesias, en su intervención, explicó que “la inmunidad no puede estar asociada al atropello, a la impunidad», pero que antes de acusar al parlamentario y quitarle su inmunidad, se debe abrir una investigación sobre el caso.

«Si esa comisión determina una manera irresponsable de actuar de ese diputado, se procederá. No los podemos acompañar en esta acción. Creemos que se debe nombrar una comisión para investigar y llegar al fondo”, dijo.

Luego de su discurso todo el bloque del PPT se retiró del Parlamento.

A los argumentos del PPT, Cilia Flores, dijo que no se puede dejar a una persona detenida durante los 30 días que duraría el establecimiento de la comisión investigadora, pues se trataría de una privación ilegítima de la libertad.

El diputado Carlos Escarrá explicó que si bien se debería crear una comisión que tendría un lapso de 30 días para presentar un informe de fondo sobre los hechos, los delitos cometidos en flagrancia permiten que los ciudadanos sean detenidos en el acto y juzgados bajo una medida privativa de libertad.

“La flagrancia rompe los esquemas de los procedimientos. Si yo como diputado estoy cometiendo un delito, la autoridad me retiene e informa al TSJ. Aquí no va a la Fiscalía para que presente una querella. La Sala Plena del TSJ, de conformidad con el artículo 266 de la Constitución, el artículo 5 y el artículo 22 de la Ley Orgánica del TSJ, hace un pronunciamiento sobre varios elementos: si existió la flagrancia, si constituye delito y hacen una presunta precalificación», dijo Escarrá.

El diputado destacó que, según el procedimiento que se sigue en estos casos, el TSJ se pronuncia sobre la detención del funcionario y luego remite el caso a la Cámara para que se pronuncie sobre la inmunidad. «No se hace ningún antejuicio porque agarraron infraganti a la persona”, dijo.

Escarrá destacó que el derecho de la inmunidad “no constituye, bajo ninguna circunstancia, una patente de corso como para que los diputados cometamos delitos y atropellemos a las demás personas. No es un derecho, y menos aún un derecho absoluto”.

Para el diputado Mario Isea, se debe entender que “inmunidad es una cosa e impunidad es otra».

«Ante el atropello a la ley, el vilipendio, el desprestigio permanente de la autoridad legítimamente constituida, se pretende tener impunidad. Basta con ser un actor de oposición para pretender tener inmunidad e impunidad ante cualquier acción. La inmunidad no es para abusar de la condición del diputado», destacó.

Flor Ríos dijo que el diputado Azuaje ya tiene varios antecedentes sobre agresión física a su pareja y a una emisora de radio de Barinas. «Si resulta inocente, será restituido a la AN, pero si no ponemos orden van a seguir los delitos. Me sumo a que sea levantada la inmunidad de un colega parlamentario por estar presuntamente incurso en delitos».

El diputado Calixto Ortega criticó la postura asumida por el PPT. Al respecto, dijo que «no es pertinente la argumentación con la cual se retiraron los parlamentarios del PPT, en lugar de quedarse defendiendo su posición. El procedimiento contemplado en el artículo 200 dice que los diputados gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones solamente».

Dijo que es el deber del Parlamento permitir la acción de los tribunales para determinar si existe o no responsabilidad de Azuaje en el caso.

Oposición opina que «se está montando una olla para salir de Wilmer Azuaje»

El diputado Ismael García explicó que en la División de Vehículos del CICPC se presentó una discusión de funcionarios con Wilmer Azuaje y que el comisario Wilmer Flores Trossel le habría garantizado que éste saldría en libertad. «Conseguí a Wilmer esposado. El único que ha sido fisciamente agredido es el diputado Azuaje. Flores Trossel nos decía que no nos preocupáramos, que iban a resolver el problema. Era una mentira, una farsa que se estaba montando», afirmó.

García aseguró que jamás defendería a sus compañeros si se atrevieran a agredir a una mujer. «Se está montando una olla para salir de Wilmer Azuaje. Será juzgado por la historia y se sabrá lo que realmente pasó. Se trata de un juicio express que se construyó de la noche a la mañana. Se le han violado todos los derechos a este diputado», declaró.

El diputado Juan José Molina destacó que «el antejuicio de mérito es condición sine qua non y no podemos permitir que esa prerrogativa sea quitada».

Molina denunció que no le respetaron a Wilmer Azuaje su investidura de diputado y que con el posible allanamiento a su inmunidad parlamentaria se estarían violando la Constitución, el Reglamento de Interior y Debates y el Código Orgánico Procesal Penal.

La diputada Pastora Medina denunció que se está juzgando a un diputado sin tener la oportunidad de escucharlo y que el TSJ tomó una decisión sin tomar en cuenta el testimonio de Wilmer Axzuaje.

«Wilmer Azuaje denuncia cosas graves del entorno del presidente, de su familia en Barinas, pero no hay ni una respuesta. Si alguna mujer ha sido agredida en esta Asamblea he sido yo. Esta asamblea es el peor ejemplo de cómo se administra la justicia», afirmó.

Explicó que pareciera que en el país se busca preparar «una situación que nos permita un estado de excepción o suspender las garantías». Pidió que se le dé antejuicio de mérito a Azuaje.

Ricardo Gutiérrez declaró que, a su juicio, “se ha construido una interpretación acomodaticia del concepto de flagrancia».

«Estamos frente a un hecho político. Se quiere asesinar políticamente a un diputado que se ha convertido en una piedra en el zapato para el PSUV, para el gobierno de Barinas. Esta olla la han montado bien desde los altos niveles del Estado venezolano, y el TSJ se ha prestado hoy a hacer un trabajo sucio, quizás en señal de agradecimiento por la jubilación grosera que se dieron en días pasados», resaltó.

Saúl Castellanos dijo que el caso de Azuaje «es un vulgar montaje a base de facturas. Azuaje ha denunciado cosas y vieron que este es el momento de pasarle facturas».

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