Actualidad Nacional

Aseguran que Gobierno de Maduro mantendrá «secuestrado» a Juan Requesens

Este jueves 11 de abril, por quinta vez suspendieron la audiencia preliminar del diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Requesens, la cual fue suspendida y quedó pautada su continuidad para el martes 16, a las 2:00 p.m.

En este sentido, sus colegas y familiares han dejado ver que el panorama para Requesens es incierto mientras siga la usurpación de Nicolás Maduro en el poder.

Al respecto, la legisladora Marialbert Barrios destacó que con las últimas acciones de la “Justicia” de Maduro “hemos visto cómo el régimen ha dado muestra y voluntad de no darle una solución democrática a la crisis, con la detención arbitraria de Roberto Marrero y más de 250 días de secuestro del diputado Juan Requesens”.

Han sido días muy duros

Juan Guillermo Requesens, padre del diputado, enfatizó que hasta este 11 de abril han sido 247 días muy duros para toda la familia.
Sostuvo además que se presume que los tribunales y el juez «están siguiendo órdenes de arriba», por lo que les pidió que  decidan de una vez por todas unirse a la democracia.

El abogado del parlamentario, Joel García dijo que su defendido se encuentra el buen estado de salud y explicó que se encuentran esperando a que el Ministerio Público culmine el próximo martes 16 con el alegato de las acusaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=a6uAfo0HFr4

Cronología desde su detención

El diputado de Primero Justicia (PJ) por el estado Táchira, Juan Requesens, fue detenido sin orden judicial por parte de los cuerpos de seguridad en su residencia pese a su inmunidad parlamentaria, al acusársele de estar vinculado al intento de asesinato contra el gobernante Nicolás Maduro, ocurrido el pasado 4 de agosto de 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=7ZkeCJUwtfs

Desde esa fecha, Requesens ha sido víctima de la violación de sus derechos humanos, que van desde haber sido detenido sin una orden judicial, estar incomunicado casi tres días y ser sometido a tratos crueles, hasta sufrir violaciones al debido proceso, como que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenciara su enjuiciamiento sin motivar su detención en flagrancia.

7 de agosto de 2018

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron al diputado Requesens en la residencia de sus padres, ubicada en Terrazas del Club Hípico (este de Caracas), sin una orden judicial y de forma violenta. La Constitución señala que toda persona detenida debe ser puesta a la disposición de un juez dentro de las 48 horas de su detención.

https://www.youtube.com/watch?v=JHnBCwccz7A

8 de agosto de 2018

El Tribunal Supremo de Justicia declaró la procedencia del enjuiciamiento de Requesens. Según la nota de prensa publicada por el máximo tribunal se indicó que existen “suficientes elementos de convicción para estimar la comisión de delitos de naturaleza permanente” por parte del diputado.

En la decisión, el TSJ estableció como flagrante su detención y ordenó su custodia a los cuerpos de seguridad del Estado, hasta tanto la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) decidiera el allanamiento de su inmunidad parlamentaria.

Ese mismo día, la ANC levantó la inmunidad a Requesens.

27 de octubre de 2018

Familiares de Requesens denunciaron que requiere atención médica, pero al momento las autoridades se niegan a garantizarle el derecho a la salud. Su padre, Juan Guillermo Requesens, señaló que además tampoco se le ha permitido el acceso a su equipo de abogados.

EFE

08 de noviembre de 2018

El abogado de Requesens informó que por primera vez, después de 93 días de detención arbitraria, le fue permitido a la defensa del diputado poder acceder a él por un lapso de 30 minutos

Lea también: A siete meses de su encarcelamiento, la AN exige liberación de Juan Requesens

26 de noviembre de 2018

El Tribunal fija audiencia preliminar para el día 18 de diciembre.

De esa fecha en adelante se han diferido las audiencias y será este martes 16 cuando el Ministerio Público pueda terminar con sus alegaciones para que los imputados puedan declarar su inocencia”, indicó García.

Las irregularidades

La ONG Transparencia Venezuela ha señalado que la Asamblea Nacional es el único poder que tiene la facultad para allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados, por lo que la decisión tomada por la Asamblea Na                                  cional Constituyente carece de validad legal.

Una vez recibida la solicitud de autorización hecha por el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional debe designar una Comisión Especial para investigar el caso, la cual en un lapso de 30 días entregará un informe a la Plenaria y decidirá si se autoriza o no el allanamiento de la inmunidad.

El diputado Juan Requesens fue condenado públicamente por el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional sin un juicio previo ni una defensa, por lo que se puede calificar como una detención arbitraria.

Se le despojó de la inmunidad sin cumplir con el procedimiento de allanamiento establecido en el artículo 25 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

Foto: Twitter @VTVcanal8

No hubo investigación preliminar. Los fiscales del Ministerio Publico deben indagar en los presuntos hechos punibles cometidos por los diputados. Las autoridades de la Fiscalía han informado que la investigación preliminar no ha concluido.

La ONG alega que la persecución contra Requesens y Borges constituye una violación al derecho al debido proceso. El artículo 37 del Código Procesal Penal establece que “hasta tanto decida la instancia judicial correspondiente, o cualquiera otra instancia establecida por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las de los Estados u otras Leyess, no podrán realizarse contra el funcionario investigado actos que impliquen una persecución personal salvo las excepciones establecidas en este Código”.

El artículo 200 de la Constitución establece que, en caso de un delito flagrante cometido por un parlamentario, éste debe ser puesto bajo custodia en su residencia, pero Requesens fue detenido en la sede del Sebin en El Helicoide.

La sentencia del TSJ ordenó mantenerlo en custodia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

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