Cadenas gubernamentales violan la libertad de expresión

IPYS Venezuela puso en línea a través de su portal Web www.ipys.org.ve un estudio que cuantifica y analiza las transmisiones en cadena del Estado venezolano, que constituyen una violación a la libertad de expresión.

La ONG expresa su preocupación por el uso de los espacios informativos que son transmitidos de manera obligatoria, y cuyos fines sean para intimidar a ciudadanos, periodistas o funcionarios públicos que hagan crítica sobre la gestión gubernamental.

Venezuela, un país en cadena, título de esta investigación, presenta un panorama en el que​ ​1.116 medios transmiten simultánea y obligatoriamente, y por mandato del Estado, programación oficial por señal abierta. Estas cadenas en radio y televisión son una prerrogativa del Estado venezolano, que ha instrumentalizado el vasto poder comunicacional como un mecanismo arbitrario para imponer controles sobre los contenidos y la agenda informativa, con propósitos políticos partidistas.

El monitoreo de las transmisiones oficiales de cumplimiento obligatorio para medios radioeléctricos públicos y privados permitió contabilizar 319 transmisiones entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2014. En total, alcanzaron 8.460 minutos de programación dirigida por el Estado, lo que equivale a una transmisión continua durante casi una semana. De este modo, 1.116 parrillas de programación se vuelven una sola cuando entra la señal de las alocuciones oficiales.

Qué se dice en las cadenas

Según el análisis del discurso aplicado en este estudio, realizado por los periodistas Alberto Yajure, David Matos y Mariengracia Chirinos, en estas cadenas “se usa el poder del Estado para difundir mensajes gubernamentales, con un interés político-partidista definido, que representa a un solo sector de la sociedad”. Además, se insiste en mensajes tendientes a señalar a los medios de comunicación privados que mantienen una postura crítica a la gestión gubernamental, como responsables de las «campañas mediáticas [y/o] sucias» contra los poderes estatales. Se les acusa de formar parte de un sector que supuestamente pretende desestabilizar el país y son calificados por funcionarios del Estado como «la derecha fascista», «golpista» y «apátrida».

Otra particularidad es que en esas cadenas, que se transmiten al unísono por 1.116 medios, han persistido los mensajes oficiales destinados a considerar que el país afronta una «guerra económica» y una «guerra psicológica», dirigida por sectores privados nacionales e internacionales para atacar al gobierno de Venezuela.

El Presidente de la República justifica las cadenas de radio y TV, de obligatoria transmisión, alegando que sirven para mostrar la “realidad” de la buena gestión del gobierno que —asegura— esconden los medios privados.

De tal modo que, esta práctica también ha sido adoptada y hasta rebasada por otras regiones: 50 emisoras locales del estado Bolívar transmite una vez por semana, y de manera obligatoria, el programa radial «Gobierno al Día», conducido por Francisco Rangel Gómez,gobernador de esa entidad, abanderado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.

El 19 de agosto de 2014, Clavel Rangel, periodista de la fuente laboral en el diario local El Correo del Caroní, fue tildada de irrespnsable por el secretario de gobierno estadal, Teodardo Porras.

Contexto de conflicto

El período que se analizó en Venezuela, un país en cadena, comprende los meses enero a septiembre de 2014, cuando el clima político y social venezolano estuvo marcado por una intensa oleada de manifestaciones y protestas, extendidas entre febrero y abril. Y, por si fuera poco, este clima se vio agravado por la represión por parte del Estado venezolano frente a las demandas de los ciudadanos, según los reportes de Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Esta situación de conflicto, que en principio fue espontánea, estuvo también caracterizada por la participación de un número significativo de estudiantes y agrupaciones que hacen vida en universidades venezolanas, quienes se sumaron a los reclamos por la efectividad en la implementación de planes de seguridad ciudadana, reducción de índices de homicidios en el país y —también— de hechos delictivos en los campus de centros de educación superior de diversas ciudades del país.

A estas demandas se agregaron otras de carácter económico, como mejoras en la distribución de alimentos y bienes de consumo masivo, contra la escasez y por el alza en los índices de inflación.  También se sumaron las demandas de carácter político, como los reclamos contra corrupción en la estructura general del Estado,  por la resolución de casos concretos vinculados al control cambiario, la renovación de las autoridades y representantes de los Poderes Públicos —aun en ejercicio pese a haber excedido su período de legitimidad—,  el deterioro de la institucionalidad y la escasa independencia que gozan los Poderes, así como la liberación de ciudadanos detenidos en el marco de las manifestaciones.

Al final, estas condiciones sirvieron para exacerbar la polarización y confrontación en el país entre sectores políticos: gobierno  y oposición. Voceros gubernamentales plantearon, desde el inicio de las tensiones, un escenario según el cual las manifestaciones respondían a planes de desestabilización del país por parte de sectores de oposición [también llamados «la derecha»] y agentes externos, como ciudadanos venezolanos en el extranjero y el gobierno de los Estados Unidos de América.

El discurso oficial insistió en otorgarle un carácter ilegal a las manifestaciones pacíficas, las cuales no percibió como expresión del descontento sino como un intento por desestabilizar el país. Consecuentemente, las protestas fueron tildadas de terrorismo.

Finalmente en el informe IPYS Venezuela expresa su preocupación por el uso de los espacios informativos que son transmitidos de manera obligatoria, y cuyos fines sean para intimidar a ciudadanos, periodistas o funcionarios públicos que hagan crítica sobre la gestión gubernamental.

A pesar que la difusión obligatoria de las cadenas nacionales en los medios audiovisuales se encuentra establecida en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley RESORTE-ME), la transmisión de las alocuciones oficiales vulnera el derecho de los ciudadanos a buscar, recibir y difundir las informaciones que sean de su interés, sin ningún tipo de limitaciones o condicionamientos.