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Cámara Inmobiliaria en alerta por la ocupación ilegal de viviendas en Venezuela

El presidente de la cámara, Marco Azuaje, señaló que ningún político debe de amenazar a los ciudadanos con quitarle sus bienes

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Lara, Marco Azuaje, denunció sobre la presunta ocupación ilegal de viviendas y edificios en Venezuela tras las declaraciones de la diputada chavista Iris Varela, quien, a principios de mes, propuso confiscar los bienes de los venezolanos que se encuentran viviendo en el extranjero. 

Ante ello, Azuaje pidió a las autoridades competentes evitar que se produzcan estos actos irregulares pues, afirmó, el Estado venezolano está en la obligación de cumplir con el respeto a la propiedad privada como se establece en la Constitución. 

“En Caracas y en otras partes del país se han venido produciendo intentos de ocupación ilegal y los propios vecinos han impedido que se cometa ese tipo de delito”, dice el organismo a través de una nota de prensa reseñada por El Impulso.

De igual manera, el presidente de la cámara señaló que ningún político debe de amenazar a los ciudadanos con quitarle los bienes pues, enfatizó, que para que una situación suceda debe de existir un proceso judicial. 

“Se atenta contra la propia Constitución cuando algunos constituyentistas, olvidándose que tuvieron responsabilidad en la elaboración del texto que rige la nación, incurren en alegres declaraciones para avivar tensiones en la población venezolana y agravar mucho más la crisis”, concluye. 

Iris Varela y su propuesta para la AN chavista 

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro, Iris Varela, señaló que entre sus propuestas para el nuevo período parlamentario, cuya legitimidad no es reconocida por la mayoría de los países del mundo, está confiscar las tierras y bienes de las personas fuera del país, además de revocar la nacionalidad venezolana a las personas acusadas de traición  a la patria y conspiración. 

La dirigente chavista aseguró que los propietarios de los bienes están en la obligación de rendir cuentas y mantenerlos activos. 

Señaló que el presunto decreto incluiría la publicación de los bienes confiscados por el Estado y los nombres de las personas a las que se les adjudicaría para llevar un control. 

“Aquí hay mansiones de esas personas que hoy están viviendo en los barrios ricos de España, esas mansiones podían ser perfectamente clínicas populares”, afirmó Varela.

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