Cancilleres de la OEA aprobaron la Declaración de Santiago
La XXXIII Asamblea General de la OEA concluyó este martes con la aprobación consensuada de la «Declaración de Santiago», en la que 34 países del continente se comprometen a defender y a profundizar la democracia en la región.
En el texto, aprobado en la sesión que puso término a la cita de tres días en la capital chilena, los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) subrayan que la defensa de la democracia «implica un desafío permanente para sus pueblos y gobiernos».
El documento advierte que la región necesita definir una agenda de gobernabilidad, que debe incluir «los desafíos políticos, económicos y sociales» para «fomentar la credibilidad y la confianza ciudadanas en las instituciones democráticas».
Además, propone «el fortalecimiento de los partidos políticos como intermediarios de las demandas ciudadanas en una democracia representativa» lo que «es esencial para el funcionamiento del sistema político democrático».
El texto señala como los más graves la corrupción y la impunidad, que «debilitan las instituciones públicas y privadas, distorsionan las economías y erosionan la moral social de los pueblos». Añade que la responsabilidad y control de esos problemas depende de todos los poderes del Estado en colaboración con la sociedad en su conjunto.
También manifiesta que el compromiso con la democracia está unido al fortalecimiento del Estado de Derecho, el acceso a la justicia, el respeto de los derechos humanos, la promoción de consensos, el desarrollo, la estabilidad y la paz de los pueblos.
El documento tampoco hace referencia a otros problemas de gobernabilidad, como el terrorismo y el narcotráfico, que en las conversaciones informales y discursos oficiales fueron considerados graves amenazas para la democracia.
No hubo otra mención a los derechos humanos, pese al llamamiento del secretario de Estado de EEUU, Colin Powell, para que la OEA los tenga presente, especialmente en relación con Cuba.
