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CDH UCAB: Persecución política recrudece durante estado de alarma por covid-19

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, CDH_UCAB, denunció a través de un reporte el recrudecimiento de la persecución política desde el pasado 13 de marzo, día del anuncio del decreto de estado de alarma en el país por la pandemia del covid-19.

«La pandemia del covid-19 como nueva emergencia no puede ser una excusa para profundizar en la violación sistemática de derechos humanos.»

Reporte del 4 de abril del CDH UCAB.

En el trabajo publicado el 4 de abril, el CDH UCAB registra una serie de acciones «que vulneran el ejercicio de derechos humanos, en un contexto crítico que suma la ausencia de contrapesos institucionales y una emergencia humanitaria compleja preexistente; la implementación de una nueva excepcionalidad aumenta el riesgo general sobre la población, que carece de acceso a bienes y recursos básicos, y también ejerce contraloría sobre los asuntos de interés público, hace política y expone su inconformidad».

El CDH-UCAB puso como ejemplo varias privaciones ilegítimas de libertad registradas en todo el país, así como acciones intimidatorias como el lanzamiento del plan “Furia bolivariana”, estrategia de ataque contra quienes son considerados “enemigos internos” por las autoridades.

Las casas de distintos diputados amanecieron rayadas y con la firma «La Furia Bolivariana» el domingo 29 de marzo/ Foto: @ArmandoArmas

En los últimos años, más de 60 diputados de oposición han sido detenidos, amenazados o han salido del país ante el inicio de procesos judiciales o intentos de detención. A medida que recrudece la emergencia humanitaria, activistas sociales, sindicalistas, trabajadores públicos, son atacados por cuestionar al gobierno o ejercer contraloría a lo interno de las instituciones del Estado.

Reporte del 4 de abril del CDH UCAB.

La organización exigió “cesar la persecución en represalia por el ejercicio legítimo de los derechos humanos”,entre ellos el derecho a la participación y la libertad de expresión, «que siguen estando vigentes aún en estados de excepción”. También pidió “investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales por las acciones represivas” y “acabar con las prácticas intimidatorias y el discurso estigmatizante hacia quienes cuestionan, critican o se oponen al gobierno”.

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