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CIDH preocupada por uso de tribunales para silenciar opositores en Venezuela

La comisión emitió un comunicado donde presto particular atención a los casos de la juez Afiuni y la detención de Álvarez Paz, considerándolos una nueva reducción de los espacios de debate público sobre el Gobierno y sus autoridades. El informe también indica que los espacios de debate público sobre las autoridades gubernamentales se encuentran «cada vez más reducidos, dado el uso de instrumentos como la justicia penal para silenciar las expresiones críticas o disidentes»

Ex gobernador del Zulia Oswaldo Álvarez Paz | Antonio Rodríguez
En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó «su profunda preocupación por la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a las personas que las autoridades consideran opositores políticos en Venezuela».

La Comisión, que acaba de sostener su 138° período de sesiones, hizo especial mención a los casos de la juez María Lourdes Afiuni, quien habría sido amenazada con quemarla viva en la cárcel donde se encuentra detenida, y la detención del ex gobernador del Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, por declaraciones dadas en el programa Aló Ciudadano.

«Como ya lo ha dicho la Comisión en su Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela», reza el comunicado. «A juicio de la Comisión, es esa falta de independencia la que ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos».

La CIDH considera que estos actos demostrarían que los espacios de debate público sobre las autoridades gubernamentales venezolanas «se encuentran cada vez mas reducidos, dado el uso de instrumentos como la justicia penal para silenciar las expresiones críticas o disidentes.

«En este sentido, resulta de enorme preocupación que se imputen delitos como instigación a delinquir a quienes hacen denuncias o consideraciones sobre la situación del país», añade, además de manifestar preocupación que exista «consenso entre las autoridades en el sentido de que es legítimo identificar a personas críticas del gobierno con delincuentes».

El comunicado cierra con un exhorto al Estado venezolano que evite silenciar opiniones o denuncias que se produzcan contra autoridades gubernamentales, «por inquietantes u ofensivas que las mismas resulten».

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