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Explosión en planta de llenado de Pdvsa ocasionó daños en 70% de su estructura

Una persona herida, 31 vehículos quemados y 70% de la estructura dañada dejó una explosión ocurrida la tarde del sábado que dejó en la planta de llenado de Gas Comunal Jefa Apacuana, ubicada en la autopista Charallave – Ocumare del Tuy.

El siniestro se inició en la zona de llenado de las bombonas, alcanzando y consumiendo 31 vehículos de los cuales cinco se encontraban operativos.

De acuerdo con el reporte del periodista Daniel Murolo, entre los automotores afectados se encuentra un cisterna de 12.500 galones. Además, reportaron pérdida total de los cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) que se encontraban en el lugar.

Varias comisiones de apagafuego protegieron tres tanques estacionarios que surten la planta de llenado con una maniobra defensiva utilizando agua de chorro tipo neblina, mientras que efectivos de Protección Civil y los cuerpos policiales desalojaron un aproximado de 6.500 personas de la urbanización La Guadalupe y Ciudad Betania.

Solo una persona, identificada como Luis Gonzalo Vásquez Cambera (35), resultó lesionada, trasladada por vehículo particular hasta el Centro Médico Paso Real, ubicado en Charallave, municipio Cristóbal Rojas.

Técnicos de Pdvsa Gas realizaron el cierre de los tanques estacionarios y comisión bomberil procedió a la extinción del incendio.

Acusaciones

La explosión desató este domingo nuevas acusaciones por parte de representantes del Gobierno de Nicolás Maduro en contra de la oposición, a la que responsabilizaron por este siniestro.

«Estos actos son obra de la derecha, quienes pretenden afectar la paz y la tranquilidad ciudadana», dijo el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, según es citado en una nota de prensa difundida este domingo, en la que indican que las llamas que se produjeron tras la explosión registrada la noche del sábado ya fueron sofocadas.

Quevedo informó de la conformación de un equipo «que profundizará en la investigación de este acto terrorista perpetrado por quienes nuevamente han querido afectar uno de los servicios vitales», en alusión al gas doméstico, un producto que escasea desde hace años, especialmente en regiones lejanas a la capital venezolana.

A través de la red social Twitter, el ministro difundió varias fotografías que dan cuenta del siniestro: automóviles quemados, una alta columna de humo y un trabajador que, remarcó, fue el único que sufrió heridas por el incidente.

La acusación fue compartida en la misma red social por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien señaló por estos hechos a la «derecha imperial».

https://twitter.com/DrodriguezVen/status/1165460121591439360?s=20

Por su parte, el gobernador de Miranda, el oficialista Héctor Rodríguez, aseguró que las investigaciones «conducen a que un sabotaje generó la explosión».

«Esto coincide con la acciones iniciadas por Primero Justicia (PJ) para atacar los servicios públicos del estado», agregó en Twitter.

Ineficiencia

Ante ello, la organización PJ, de la que forma parte el excandidato presidencial Henrique Capriles, rechazó las acusaciones en su contra y exigió una investigación «transparente» sobre lo ocurrido.

«Condenamos el deplorable estado en el que se encuentran los servicios públicos en Venezuela por culpa de la corrupción, ineficiencia y mal manejo de quienes desde el poder destruyeron al país», expresó la formación que pidió además no usar este hecho «para perseguir políticamente» a la oposición.

De esta manera el partido justiciero rechazó las acusaciones “mediocres y politizadas” de Héctor Rodríguez que, según manifestaron, lo único que buscan es desviar la atención sobre quienes desde el poder tienen la culpa del colapso de los servicios públicos en el país.

“En Primero Justicia no atacamos ni saboteamos servicios públicos, lo que hacemos constantemente es denunciar la grave crisis que vivimos los venezolanos, y a través de Plan País, estamos proponiendo soluciones para recuperarlos una vez logremos el cambio”, sostuvieron.

Reiteraron lamentar lo ocurrido en Ocumare del Tuy, a la vez que exigieron que las investigaciones sean transparentes y no se sustituyan por mecanismos para perseguir políticamente a quienes adversan al régimen. “Ya basta de tanta mentira y manipulación”, concluyeron.

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