El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, designado por la administración de Nicolas Maduro, solicitó que sean sancionados los funcionarios responsables de prohibir el ingreso de los magistrados venezolanos a Perú.
El Consejo Moral Republicano rechazó dicha acción respaldada por el gobierno de Perú, alegando que no se les permitió la entrada al país a dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes participarían en la “XX Cumbre Judicial Iberoamericana”, a desarrollarse del 02 al 04 de octubre.
“Es una afrenta en contra del gentilicio venezolano, no solo en contra de las autoridades del Poder Judicial, sino en contra de todo el gentílico”
fiscal general de la República, designado por Maduro Tarek William Saab.
Saab catalogó estas acciones como “neofascista” y promueven la “xenofobia contra venezolanos” dijo también que las autoridades peruana alegaron que el acto se debía a “argumentos alejados de la convivencia democracia y civilización”.
Los magistrados implicados son: Yndira María Alfonso Izaguirre, primera vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y al magistrado Arcadio Delgado Rosales vicepresidente de la Sala Constitucional del TSJ
Por su parte el presidente del Consejo Moral Republicano, Elvis Amoroso, emitió un comunicado, en nombre del órgano, en el que se acuerda:
1.- Rechazar contundentemente el atropello contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de los otros venezolanos que han sido víctimas de xenofobia y violación de los de los Derechos Humanos en la República de Perú
2.- Exhortar a los órganos del Sistema de las Naciones Unidas a que se condene las irregularidades y atropellos y violaciones al Derecho Internacional Público y a los derechos de participación que tenemos los países que suscribimos los tratados ya acuerdos bilaterales
…JAJAJAJAJAJAJAJAJA….
Consejo¡¡MORAL?? Republicano? Que es este adefesio?
Que MORAL pueden exhibir unos desalmados y corruptos genocidas traidores de la patria?
No hablen de «gentilicio»: al menos el 90% de los venezolanos respaldan la decisiòn que tomò el gobierno hermano de Perù.