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Contralor confía en que decisión del TSJ lo favorecerá

El contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, se mostró confiado en que la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia será a su favor, a pesar del proyecto de sentencia presentado por el magistrado Pedro Rondón Haaz esta semana, ya que asegura que la Constitución, las leyes y la jurisprudencia en la materia respaldan su postura.

En una entrevista concedida a Venezolana de Televisión, Russián aseguró que la Ley de Contraloría, la Constitución en los artículos 25 y 289, además de tres sentencias recientes del TSJ, en las que se ratificaba la facultad del contralor para sancionar a los funcionarios públicos que hayan incurrido en irregularidades; le daban la razón en el caso de las inhabilitaciones impuestas a más de 200 funcionarios públicos.

Recordó que las sanciones fueron impuestas, en algunos casos hace más de 3 años, pero que la jurisprudencia existente impide a la Contraloría la aplicación inmediata de inhabilitaciones administrativas contra funcionarios que ejerzan sus cargos como resultado de la elección popular, por lo que las penas contra los mismos empezarán a aplicarse una vez que su mandato haya finalizado, hecho que se consumará el próximo 23 de noviembre.

De igual manera, el Contralor aseguró que no se necesita la sentencia firme de un tribunal para inhabilitar a un funcionario público, ya que se trata de una «sanción administrativa» y no de una sanción penal que implicaría la pérdida de los derechos políticos.

Asimismo, el contralor dijo no sentirse extrañado por la ponencia del magistrado Pedro Rondón Haaz, recordando que ya previamente habían diferido en el caso del antejuicio de méritos llevado a cabo contra los militares involucrados en los hechos de abril de 2002. «En mi opinión, en 2002 aquí hubo un golpe de estado y para el doctor Rondón Haaz, hubo un vacío de poder realizado por militares preñados de buenas intenciones», sentenció Russián.

El contralor ratificó que las «inhabilitaciones administrativas» fueron producto del «mal manejo de los dineros públicos» que los funcionarios sancionados efectuaron y no responden a criterios políticos, recordando que en Venezuela «no se ha sancionado a nadie sin juicio administrativo».

Por último explicó que las denuncias y «amenazas» en su contra no le harán mella y que, por el contrario, seguirá adelante en su «lucha contra la corrupción», ya que es «un sentir de la Venezuela actual».

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