Defensores de DDHH y ONG presentan nuevo balance de presos políticos
Acompañada por activistas de derechos humanos y abogados, la presidenta de la Fundación para el Debido Proceso (FUNDEPRO), Jackeline Sandoval, ofreció un nuevo balance de la situación de los presos políticos en Venezuela. Calificó el irrespeto al debido proceso como una forma de terrorismo judicial que aplica el régimen de Nicolás Maduro contra quienes piensan distinto.
“Tenemos que recordar que la persecución contra la disidencia comenzó en el 2017, ni en el 2014, sino que incluso tenemos presos políticos desde el año 2000. Estamos ante un régimen que ha usado el terrorismo judicial para encerrar a cientos de hombres y mujeres. En 18 años hemos tenido más de 10.000 presos políticos, de los cuales permanecen tras las rejas 382 personas en una dinámica en la que salen dos personas y entran diez”.
Afirmó Sandoval que el objetivo que se debe buscar en la mesa de negociación con el Gobierno no solo debe ser la liberación de todos los presos políticos, sino que en dicho proceso se libere con anterioridad a quienes tienen prioridades legales. “Lo que en principio queremos es que se procesó a aquellos privados de libertad que tienen prioridades legales, como es el caso de aquellos que requieren medidas alternativas, medidas humanitarias o el cese de su pena. Porque es que el régimen ni se da a la labor de cumplir con el diagnóstico mínimo que se requiere para verificar la salud de todos aquellos que están privados de libertad ilícitamente, pisar una cárcel venezolana puede ser un sentencia de muerte y hay privados de libertad que tienen ya más de 15 años injustamente presos”.
Por su parte, la directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, Theresly Malavé, reiteró la peligrosidad de las cárceles venezolanas y afirmó que para solucionar finalmente el problema de los presos políticos en Venezuela no es suficiente con su liberación, sino que tiene que haber un cambio profundo en un sistema que permite que la Justicia actué como brazo ejecutor del partido de gobierno central a disidencia política.
“Estar preso en Venezuela hoy en día significa arriesgar la vida y es peor cuando se está preso por injustamente. El Gobierno viene violando el ordenamiento jurídico al privar de libertad ilegalmente a ciudadanos venezolanos. Con un acuerdo que lograra la libertad de los 382 presos políticos lo que lograríamos es que se restituya el Orden Constitucional. Pero además de esto es necesario que se restituya la autonomía de jueces y fiscales, que cese de existir esta situación donde para un juez es más seguro condenar sin evidencias a una persona que hacer justicia. La justicia es para la dictadura un brazo ejecutor para destruir a quién piensa diferente, pero seguimos recurriendo porque eso nos permite luego acudir a los organismos internacionales para denunciar el abuso del sistema jurídico para perseguir a los opositores”.
Finalmente, la defensora de derechos humanos, Ana Leonor Acosta, afirmó que para lograr estos cambios es imperativo que haya un cambio de gobierno. “Nosotros como defensores de los derechos de los presos políticos hemos solicitado al Gobierno la liberación inmediata de todos las víctimas. Para lograr esto es importante pedir no solo su libertad, sino que se garantice las condiciones que impidan la existencia de nuevos presos políticos en Venezuela. Esto significa que para lograr la libertad definitiva de los presos tiene que haber un cambio de gobierno, un cambio de modelo para que no haya más familias que tienen que pasar 14 años sus navidades en la cárcel para poder estar juntos.”
