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Delcy Rodríguez presentó a la CPI evidencias del impacto de las sanciones en el país

La administración de Nicolás Maduro presentó, una serie de “evidencias” ante la Corte Penal Internacional (CPI), todo ello como parte de un nuevo informe que lo que busca es demostrar el impacto que según a su juicio han tenido las sanciones económicas que levantó Estados Unidos contra Venezuela, según destacó Delcy Rodríguez.

 «El día de ayer, Venezuela entregó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un informe contentivo de evidencias sobre el daño que han causado las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano«, manifestó la vicepresidenta de Maduro.

Rodríguez quien estuvo acompañada por el nuevo canciller chavista, Félix Plaencia, además del agente del Estado para los derechos humanos, Larry Devoe, no desaprovechó la ocasión para mencionar una serie de casos por los que las empresas de la administración de Maduro han tenido dificultades para adquirir materiales, vacunas o alimentos.

«Hemos consignado información sobre cómo impactaron las sanciones a la industria productora de medicinas en Venezuela. Más de la mitad de trasnacionales productoras de medicamentos en el país se fueron, 15 filiales de empresas farmacéuticas en el año 2016«,  detalló Rodríguez.

De la misma manera presentó otro ejemplo, en el que sostuvo que la empresa Hidrocapital se vio imposibilitada de poder comprar algunos equipos de bombas de agua para las plantas hidrológicas.

Reiteró además que esas sanciones han perjudicado a todos los sectores de la economía, señalando que al gobierno de los Estados Unidos no le importa el impacto que pudieran haber tenido en la población venezolana.

«Con este informe estamos mostrando el efecto y el daño causado. En materia jurídica se puede decir que hemos completado el ciclo para demostrar que hay causas razonables en esta remisión que se ha hecho a la Corte Penal Internacional para afirmar que se ha cometido un delito de lesa humanidad contra el pueblo venezolano«,  manifestó tras recordar además que en Venezuela hay 192 personas y 150 empresas sancionadas, siendo 10 de ellas vinculadas a la administración de Maduro.

Delcy Rodríguez sostuvo que el sector privado también se ha visto afectado, dado que algunas de las sanciones de esas empresas transcendieron a las sucursales que se encuentran en 26 países. “Es una cosa bárbara, 69 embarcaciones sancionadas, 30 buques petroleros sancionados, 58 aeronaves sancionadas”, enumeró.

Estas medidas, según aseguró, que sitúan a Venezuela en un corto tiempo en el quinto lugar de mayor número de medidas unilaterales, si se compara con otros países sancionados “ilícitamente en el mundo”.

Estados Unidos comenzó sus sanciones a personas y sus bienes privados en 2014 y fue en 2017 cuando empezaron las sanciones a empresas del Estado, años después de que Venezuela comenzara su decadencia.

La administración chavista denunció en febrero del año pasado a Estados Unidos ante la CPI por las sanciones contra su economía y reclamó a la fiscal de entonces, Fatou Bensouda, que abriera una investigación contra Washington por «crímenes de lesa humanidad».

En tanto, el régimen de Nicolás Maduro que a su vez está siendo evaluado por la CPI por denuncias de crímenes de lesa humanidad, ha presentado otros informes para sumar a denuncia contra Estados Unidos.

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