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ODH-ULA rechazó destitución de bomberos acusados por sátira

Las destituciones a los bomberos de Mérida, Carlos Varón y Ricardo Prieto, constituyen «una doble victimización de los funcionarios además de basarse en la presunción de hechos que aún están en averiguaciones por parte de la justicia nacional», denunció el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes (ODH-ULA).

La sátira a través de un audiovisual en el que dos bomberos, Carlos Varón y Ricardo Prieto, comparan al gobernante Nicolás Maduro con un burro, les costó la expulsión de sus cargos desde el pasado 27 de junio por decisión del Primer Comandante del Cuerpo de Bomberos del estado Mérida, Ángel Alfredo Muñoz.

Las víctimas, que tienen prohibido dar declaraciones públicas, enfrentan un procedimiento judicial por los delitos de vilipendio a Maduro e instigación pública con agravantes, contemplados en los artículos 147 y 285 del Código Penal venezolano. Además, Varón y Prieto fueron despedidos de sus puestos sin haber sido condenados penalmente por los delitos de los que se les acusa.

Los expedientes administrativos conducentes a las destituciones de Varón y Prieto iniciaron el 13 de septiembre de 2018, al día siguiente de sus detenciones. En los mismos se indicaba que los funcionarios podrían estar incursos en “falta de probidad, vías de hecho, injuria, insubordinación, conducta inmoral en el trabajo o acto lesivo al buen nombre o a los intereses del órgano o ente de la Administración Pública”.

A los bomberos también se les acusó en dichos procedimientos administrativos de violar artículos de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la Ley Orgánica del Servicio de Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil y el Reglamento General del Cuerpo de Bomberos del estado Mérida.

La detención a Varón y Prieto ocurrió el pasado 12 de septiembre cuando un grupo de efectivos de Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) acudieron a la estación de bomberos N° 8 de Apartaderos ubicada en Ejido. En este sentido, el ODH-ULA y la ONG Foro Penal pusieron a la orden ayudar con la defensa, pero los familiares decidieron contratar abogados privados para “no politizar el caso”.

Los bomberos estuvieron privados de libertad hasta el 21 de septiembre en la sede del Dgcim y posteriormente los trasladaron al Centro de Coordinación Policial de Bailadores. Cerca de 50 organizaciones se manifestaron en un comunicado al cumplirse un mes de la detención de los individuos, y no fue hasta el 31 de octubre en el que Varón y Prieto lograron su excarcelación con régimen de presentación cada 30 días.

Este caso fue incluido en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2018, específicamente en el elaborado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de dicha Comisión. La CIDH determinó que este caso constituyó una «criminalización de la libertad de expresión» donde hubo responsabilidades ulteriores.

Varón y Prieto, con 15 y 10 años de servicio como bomberos, quedaron sin posibilidades de encontrar otro trabajo en su área profesional, debido a que todos los Cuerpos de Bomberos nacionales pertenecen a la administración pública, en donde quedaron imposibilitados permanentemente de laborar. Ambos son el sostén económico de sus familias, con hijos menores de edad y esposas a su cargo.

Bomberos Carlos Varón y Ricardo Prieto / Foto: Cortesía
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