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Denunciarán ante el PNUD casos de tortura en Venezuela

La sociedad civil junto a representantes de distintas ONG y dirigentes de la oposición convocaron este 15 de julio a una concentración frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en defensa de los derechos humanos.

En efecto, Organizaciones No Gubernamentales  activistas por los Derechos Humanos (DDHH) realizarán una concentración frente a este despacho de la ONU en la Avenida Francisco de Miranda con el propósito de repudiar  los progresivos actos de presuntas torturas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

¿Qué dice la ONU?

En el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se expone la definición legal de la tortura acordada a nivel internacional:

«A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a éstas».

Esta definición contiene tres criterios acumulativos: la imposición, de forma intencionada, de dolor o sufrimiento grave, ya sea física o mentalmente; por un funcionario público, que esté directa o indirectamente involucrado y con un propósito específico.

Las condenas

La reciente muerte del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, cuando se encontraba detenido y bajo custodia del Gobierno de Nicolás Maduro, ha desatado condenas dentro y fuera de Venezuela contra el mandatario, en medio de denuncias del asesinato del militar.

Los países que forman parte del Grupo de Lima condenaron esta jornada la muerte de Acosta Arévalo, que calificaron como «asesinato», al tiempo que repudiaron «las continuas prácticas de detenciones arbitrarias y torturas a las que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro somete a quienes considera sus opositores».

EFE

De la misma forma, la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) condenó desde Miami el «asesinato» del militar, que era acusado por el Gobierno de Maduro de planear un golpe de Estado y magnicidio.

Distintas ONG han pedido a la ONU y a la CPI que exijan fe de vida de los considerados «presos políticos» venezolanos y que investiguen «con urgencia y de manera imparcial» los presuntos casos de tortura y desapariciones  en el país.

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