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Desde este viernes arranca consulta pública sobre Ley de Amnistía

Desde este viernes 8 de febrero empieza una gira por cuatros estados del país, con el objetivo de efectuar una consulta pública de Ley de Amnistía y Garantías.

En efecto, la diputada a la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solorzano, detalló que los estados en donde comenzará  la consultad son: Yaracuy, Lara, Carabobo y Aragua, “para nuestra consulta pública de la Ley de Amnistía y Garantías alcance a todos los sectores de la población”, dijo.

De acuerdo con Solórzano,  se han desarrollado cinco sesiones de trabajo para afinar dicho marco legal.

Añadió que tienen a más de 120 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que están consignando sus observaciones.

De igual forma, la parlamentaria destacó que están trabajando en conjunto las comisiones de Justicia y Paz, la de Política Interior, la primera vicepresidencia a cargo del diputado Egdar Zambrano y de otras instancias parlamentarias, como el Parlamento Latinoamericano, “para que todo esto pueda tener el mayor consenso posible”.

El marco legal consta de seis puntos decreta la amnistía para civiles y militares por hechos cometidos desde el 1 de enero de 1999, para quienes ayuden al restablecimiento de la democracia y del orden constitucional del país.

La medida ofrece indultos a civiles, políticos, funcionarios públicos y militares acusados ​​durante los gobiernos de Hugo Chávez —quien fue presidente desde 1999 hasta 2013— y Nicolás Maduro, de cometer delitos o apoyar actos inconstitucionales.

“Se decreta la amnistía para todos los civiles, militares y demás funcionarios identificados como presos, perseguidos y exiliados políticos por hechos cometidos desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la presente ley”, dice el artículo 1 de la ley, que añade que habrá otras garantías para quienes ayuden con la transición política.

Por otro lado, la ley establece la “finalización definitiva de las investigaciones, procesos, procedimientos, penas o sanciones y de todos sus efectos que se han producido en general desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la presente ley”.

Se supedita además en los artículos 333 y 350 de la Constitución de Venezuela, que dicen, respectivamente, que “todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia” y que todo ciudadano “desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

Se prevé que beneficie a funcionarios civiles y militares, diputados y otras personas que “para el momento de la entrada en vigencia de esta ley, se encuentren detenidos, en el exilio o estén perseguidos judicialmente por razones políticas”, dice el documento.

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