¿Desplazados o no desplazados?
El ministro del Interior y de Justicia, Luis Alfonso Dávila, negó informes de que hasta 500 refugiados colombianos que huyen de los paramilitares de derecha hubieran cruzado la frontera desde el vecino país azotado por el conflicto con la guerrilla.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Ginebra dijo la semana pasada que cerca de 500 colombianos estaban buscando asilo en Venezuela, después de haber huído de la localidad de La Pista en el departamento colombiano de Norte de Santander, tras un ataque paramilitar el 22 de agosto en el que murió un comerciante.
Sin embargo, Dávila, quien recorrió el sábado parte de la frontera entre Venezuela y Colombia dijo que hasta el momento ningún refugiado cruzó la línea limítrofe. «Hasta este instante los reportes ratifican que no hay desplazados. Sin embargo, estamos a la espera», dijo Dávila a la cadena de televisión Globovisión.
El vicepresidente venezolano Isaías Rodríguez había dicho el viernes que las autoridades estaban enteradas de la presencia de cerca de 150 colombianos en la frontera, a los que considerarían refugiados internacionales.
El informe de la oficina del Alto Comisionado instó a Venezuela a otorgar asilo político a los colombianos.El presidente venezolano Hugo Chávez dijo el sábado en su visita a Brasil que si cualquier colombiano va a atravesar la frontera, se le daría tratamiento humanitario.
La abogada, Graciela Briceño, reiteró que existen nuevos desplazados colombianos en la ribera venezolana. “Nos entrevistamos con ellos y por ello ratificamos que se encuentran allí, son cerca de 120 familias pero eso hay que verificarlo a través de un censo”, indicó.
Explicó que la información y la dirección de donde se encuentran estas familias colombianas han sido trasmitidas al Gobierno pero que quizás no han ubicado a los desplazados “porque lo que han hecho es sobrevolar la zona y no han llegado al sitio por tierra ni se han entrevistado con ellos”.
La representante de la organización pro defensa de los derechos humanos considera que funcionarios del Gobierno deberán trasladarse hasta el lugar para verificar la información ofrecida por su persona y demás miembros de Provea. “ Pienso que si mantenemos la versión, tal y como lo hemos hecho hasta ahora, ellos deben insistir en llegar hasta la zona y tomar las declaraciones, y así ofrecer una versión oficial”.
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