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Detenciones por protestas triplican las del Caracazo

Liliana Ortega, miembro de Cofavic, advierte que no se puede comparar el Caracazo con las protestas que se iniciaron el 12 de febrero en términos de fallecidos y devastación ocasionada por los hechos violentos. Sin embargo, explica que hay prácticas que debieron haberse superado y que por el contrario se han acentuado. “La misma respuesta que tuvo el gobierno de Carlos Andrés Pérez con respecto al Caracazo la ha tenido el gobierno de Maduro con las manifestaciones. Se ha criminalizado a las víctimas, se han desconocido violaciones graves a los derechos humanos y se han minimizado los hechos de las protestas”, dice. Con información de el-nacional.com

Al cierre de esta edición, desde el 12 de febrero hay 1.406 personas que tienen medidas cautelares de un total de 2.500 detenciones, privados de libertad son 106, de acuerdo con cifras del Foro Penal Venezolano. “Si se puede establecer alguna referencia de estos hechos con los del Caracazo, guardando las distancias, se puede hablar que, de 650 personas que resultaron detenidas en 1989, un aproximado de 95% quedó en libertad plena. Al contrario de este momento, cuando hay tres veces más detenidos que en la revuelta popular de inicios del gobierno de CAP. Hay una gran cantidad de personas que no tienen libertad completa solo por protestar. Hoy hay una crisis de derechos humanos en el país”, explica Ortega.

 

Política del miedo. El director de Provea, Marino Alvarado, afirma que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha asumido la política de la seguridad nacional, común en los regímenes dictatoriales del Cono Sur, como política de Estado. “No se puede decir que la represión es solo una estrategia del gobierno, es una política de Estado porque se utiliza toda la estructura judicial y política para criminalizar a los que protestan”, denuncia. El experto en derechos humanos explica que la característica de esta política es colocar la seguridad del Estado sobre la seguridad ciudadana. “Todos son sospechosos, esa es la forma de aplicar la justicia a través de la doctrina de la seguridad nacional”, dice.

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