Efraín Campo Flores ahora tendrá defensa pública
La firma que solía representar a Efraín Campo Flores, Squire Patton Boggs, informó el miércoles que se retiraba del caso del supuesto familiar de la primera dama, Cilia Flores, quién, junto a Franqui Francisco Flores, comparecerían ante un juez en Nueva York este jueves por segunda vez, por la causa que se les sigue por presunto narcotráfico, luego de que se postergara la audiencia del pasado 2 de diciembre.
Según Efecto Cocuyo, el bufete envió una carta al juzgado, firmada por John Rilley, para anunciar que retiran sus servicios como abogados privados. En el documento de fecha 16 de diciembre se explica que es el cliente quien toma la decisión de prescindir de los servicios profesionales
“Después de una larga consulta durante el día de ayer y hoy, nuestro cliente ha pedido nuestro retiro como consejeros en este caso y buscará la designación de un defensor por la corte. Creemos que esta petición es para beneficio de nuestro cliente”, cita la misiva. Al mismo tiempo indicaron que esto no va a retrasar la audiencia que está programada para este jueves.
Los dos acusados tuvieron su primera comparecencia el pasado 12 de noviembre, cuando el juez federal que lleva la causa, Paul A. Crotty, ordenó su ingreso en prisión sin fianza y fueron trasladados a un penal metropolitano.
En un principio, la segunda audiencia en este caso estaba fijada para el 18 de noviembre, pero fue aplazada hasta el 2 de diciembre y, de nuevo, hasta este jueves a las 11 de la mañana en la Corte Federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York, de acuerdo con peticiones presentadas por la defensa y aceptadas por la fiscalía.
La vista del jueves se produce después de que el pasado 4 de diciembre el juez autorizara a la defensa de los acusados el acceso a «determinadas grabaciones y comunicaciones electrónicas» utilizadas en la causa por la Fiscalía.
El magistrado ordenó poner a disposición de los acusados y de sus abogados estos materiales exclusivamente para montar la defensa y sin posibilidad de compartir las pruebas con personas no autorizadas.
Pero, asimismo, permitió a la Fiscalía proteger la identidad de una fuente confidencial que tuvo acceso a esos materiales.
