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«El totalitarismo comunicacional quiebra la democracia»

A propósito de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, el vicepresidente regional Asdrúbal Aguiar llama la atención sobre las «violaciones» a la libertad de expresión en Venezuela.

Aguiar señala que en el país se han cedido todos los elementos esenciales de la democracia y componentes fundamentales de su ejercicio. Además, que la columna vertebral de esa democracia, el periodismo independiente y la fuerza modeladora de la opinión pública, se encuentran fracturadas por el totalitarismo comunicacional de Estado «que deja de ser mera hegemonía de los medios estatales».

Asimismo, expone el estatus actual de la prensa, las acusaciones a Venezuela por violación de Derechos Humanos, y relaciona la escasez y la inflación con la asfixia que sufre la prensa nacional independiente. El vicepresidente regional de la SIP también hace referencia al marco legislativo de las comunicaciones en el país, y señala, citando al ex jurista italiano Piero Calamandrei, que «hay un ordenamiento oficial que se expresa en las leyes, y otro oficioso, que se concreta en la práctica política sistemáticamente contraria a las leyes».

A continuación, parte de la exposición de Asdrúbal Aguiar en la Asamblea de la SIP:

«La ONG Espacio Público constata que los titulares del Estado venezolano son los autores del 40% de las violaciones principales a la libertad de expresión y prensa detectadas, a las que siguen las de los funcionarios policiales en un 21%. En lo particular, es el Capitán Cabello quien ordena la persecución judicial y la prohibición de salida del país de 22 directivos del diario El Nacional, el Semanario Tal Cual, y el portal web La Patilla. Miguel Henrique Otero y Alberto Ravell, sus editores, se suman a la legión de los exilados políticos.

Sucesivamente, el presidente Maduro ordena suspender las garantías constitucionales a lo largo de la frontera con Colombia arguyendo luchar contra el contrabando y la ejecuta con sus fuerzas militares; pero en la práctica, como lo reseña la prensa extranjera y no lo aprecian en su cabal gravedad los venezolanos, por víctimas de la hegemonía comunicacional pública instalada, ocurre la realización de un crimen de lesa humanidad, que tipifica el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es expulsada masivamente y obligada a emigrar una población civil integrada por casi 15.000 neogranadinos, mediando actos de tortura que denuncian las propias víctimas desde la prensa internacional y colombiana. Son discriminados por razones de nacionalidad, a pesar de que viven integrados desde hace más de 200 años en la frontera viva occidental de Venezuela. Y ese crimen de trascendencia internacional ocurre ante el silencio cómplice o la tolerancia de la mayoría de los gobiernos miembros de la OEA y del mismo Secretario de la UNASUR, Ernesto Samper.

Si no basta lo anterior, el régimen y su Tribunal Supremo, violando la Constitución y el Derecho internacional, luego disponen no acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recién declara a Venezuela como responsable de haber violado la Convención Americana de Derechos Humanos, y que le ordena restablecer la señal y bienes que se le confiscaran a Radio Caracas Televisión, la más antigua del país.

«Se han profundizado, además, las confiscaciones en el menguado sector privado, comercial e industrial, y la persecución de sus dirigentes gremiales, acusándoles del desabastecimiento y racionamiento oficial de alimentos y productos médicos que afecta a toda la población, dentro de una economía de importación cabalmente estatizada y con la inflación más alta del mundo: La canasta alimentaria ha alcanzado un costo de 6 salarios básicos. De modo que la prensa no escapa a la asfixia económica. Pero lo insólito es que sólo afecta a la prensa independiente, a la que, como en los casos emblemáticos del diario El Carabobeño, El Correo del Caroní, El Impulso, El Nacional, El Regional del Zulia, se le niega o raciona por el gobierno el papel o las divisas para la compra de insumos que requiere, como medio indirecto para imponerle la censura; y entre tanto se le da papel a periódicos que imprime y distribuye gratuitamente, en 5 estados, el monopolio estatal de papel Editorial Maneiro.

LAS LEYES DE PRENSA EN LA REVOLUCIÓN

Como podrán entenderlo los miembros de esta Comisión de Libertad de Prensa, es ocioso de nuestra parte, bajo el contexto descrito, hacer un ejercicio del cuadro de leyes – que suman más de veinte – sobre comunicaciones cibernéticas, satelitales o por cable, acceso a la información pública, prohibición de censura, o persecución penal de los delitos de opinión que formalmente rige en Venezuela.

En nuestro caso, tanto como ocurre en Ecuador, se ha instaurado el régimen de la mentira, pariente del fascismo de mediados del siglo XX. Y en él ocurre “algo más profundo y complicado que una torva ilegalidad”. Es “simulación de la legalidad, es el fraude legalmente organizado de la ilegalidad”.

Sirva, no obstante, como mera ilustración legislativa lo que resulta del examen al que recién fue sometida Venezuela por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en lo relativo a la cuestión del acceso a la información pública. Allí se constata que un marco legal restrictivo afecta en total a 6 sectores de la vida pública nacional. En lo específico, la Ley del Banco Central de Venezuela establece que el Director de dicha institución tiene la facultad discrecional para determinar la confidencialidad de cualquier información que considere una amenaza a la seguridad y estabilidad monetaria. Las estadísticas económicas y monetarias son un secreto bien guardado. La Ley de Contrataciones Públicas establece que los contratos de adquisición, obras y servicios no son de libre acceso, de ahí que se limita el acceso a los expedientes de contrataciones únicamente a los oferentes. De allí la corrupción generalizada. Y con el argumento de preservar la Seguridad de la Nación, algunas leyes o decretos son restrictivos de la información pública, tal es el caso del Decreto Presidencial de Creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), dependiente del presidente Maduro, que señala que el director de este ente puede declarar como reservada, clasificada o de divulgación limitada “cualquier información, hecho o circunstancia que sea tramitada por dicho ente y tenga interés estratégico para la Seguridad de la Nación”. Y el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional, donde manda como jefe de un cuartel el Capitán Cabello, establece que “el registro de actividades de la Asamblea Nacional será confidencial”; y se prohíbe la entrada de los periodistas al salón de sesiones, a excepción de los que trabajan para el canal del parlamento. La ley es la del silencio y quien haga ruido termina tras las rejas, como Leopoldo López.

TENDENCIAS VIOLATORIAS DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Lo dominante durante el período es la “criminalización” de la actividad de la prensa. Sirva indicar, no obstante, que el Instituto Prensa y Sociedad, ONG venezolana, en su último informe que nos ha hecho llegar, certifica la ocurrencia “durante los siete primeros meses de 2015”, de 287 violaciones del derecho a la libertad de expresión; que incluyen agresiones a periodistas, criminalización del trabajo de la prensa y limitaciones del acceso a la información, entre otras. Destaca, al efecto, que dicha cifra es equivalente al mismo número y estructura de las violaciones ocurridas durante los primeros semestres de 2012 y 2014, signados por elecciones presidenciales y manifestaciones civiles, confirmándose, así, su carácter estructural.

De las violaciones ocurridas, 237 afectan a medios privados, 14 a medios extranjeros, 11 a medios estatales, con una mayor concentración geográfica en Caracas, el estado Táchira que es frontera con Colombia y los Estados Aragua, Monagas y Carabobo. Espacio Público, ONG a la que hemos citado, subraya que, dentro del período de nuestro informe, el 47,62 por ciento de casos son de intimidación – incluida la judicial – y el hostigamiento verbal, a los que siguen la censura directa en 19,05 por ciento y las agresiones físicas en 13,61 por ciento».

Tras exponer el contexto y describir los «atentados»a la libertad de prensa, Aguiar concluye solicitando que se adopte una resolución «que declare la manifiesta y final ruptura de la libertad de expresión y de prensa en Venezuela, que es columna vertebral de la democracia, y su criminalización por el Estado».

«Que condene el comportamiento de Nicolás Maduro Moros y del Capitán Diosdado Cabello, como primeros victimarios de la prensa libre y del ocultamiento de la información pública. Que exprese su solidaridad con los 89 presos políticos y de opinión que permanecen en las cárceles venezolanas, las 2.006 personas que por igual motivo se les mantiene bajo libertad condicional, y que en lo particular acompañe a los editores Miguel Henrique Otero, Alberto Ravell, y Teodoro Petkoff, y a los dirigentes democráticos criminalizados por su opinión: Leopoldo López, Antonio Ledezma, y María Corina Machado. Y que demande de los gobiernos americanos y la comunidad internacional en su conjunto, en especial de la opinión pública hemisférica, mantenerse atentos y respaldar activamente la observación internacional de sus elecciones parlamentarias por la OEA, la ONU, y la Unión Europea; como prevención para que el argumento de la suspensión de garantías y el progresivo cierre de las fronteras no sirva como excusa para la consumación de un atentado contra la voluntad soberana del pueblo venezolano y su opinión electoral», finaliza.

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