Empleados amenazados, perseguidos y detenidos por exigir mejoras laborales
Trabajadores y gremios profesionales se han mantenido en las calles exigiendo mejoras laborales, defendiendo el derecho al salario y con una fuerte postura de rechazo sobre la imposición de una nueva tabla salarial, lo que ha llevado a que sean perseguidos, amenazados y hasta despedidos por alzar su voz en protesta.
La ONG Espacio Público informó que entre enero y octubre de 2018 se registraron al menos 55 personas del sector público que fueron perseguidas, amenazadas o detenidas, en su mayoría, por protestar activamente contra la situación crítica de sus espacios de trabajo.
“Los casos dan cuenta de la acusación por delitos comunes bajo procesos judiciales irregulares, que no garantizan el principio de presunción de inocencia y vulneran abiertamente los derechos al debido proceso y legítima defensa; así como desapariciones forzadas, prácticas que facilitan la ejecución de tortura, tratos crueles y degradantes”, explicó la ONG.
Para criminalizar la labor de denuncia dentro de las instituciones públicas se hace uso de la “Ley Contra el Odio”, que ha llevado a procesar judicialmente a trabajadores, realizar despidos y hasta usarla como amenaza de cárcel latente.
Asimismo, el representante sindical de hospitales y clínicas de Caracas, Mauro Zambrano, también denunció el despido de 1.200 trabajadores en todo el territorio nacional que ha afectado directamente al sector público.
.@maurozam10 "Más de 1200 despidos por exigir condiciones de trabajo. Esto ocasiona que miles de niños no tengan que comer porque sus padres están siendo despedidos porque el gobierno no quiere si no amedrentar a la clase trabajadora. Usar la fuerza y el poder." #CaprilesALas7
— Prensa Capriles (@PrensaCapriles) December 4, 2018
Hasta el mes octubre contabilizaron 553 protestas con un promedio de 17 diarias, según datos de Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). En relación con octubre de 2017, la conflictividad en Venezuela aumentó un 683% en 12 meses.
De igual manera, al menos se han reportado 278 protestas de trabajadores universitarios, quienes han denunciado la insuficiencia presupuestaria para mantener la operatividad de la universidad.
Encarcelación del sindicalista Rubén González
González fue detenido la madrugada del pasado jueves 29 de noviembre en el estado Anzoátegui cuando se desplazaba con otros 60 trabajadores de la empresa Ferrominera , quienes habían participado el miércoles 28 de noviembre en una protesta en Caracas. Fueron interceptados por 20 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 10 de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)
Aunque el resto de los trabajadores fueron puestos en libertad, González continuó detenido porque presuntamente tenía una orden de detención solicitada por la Fiscalía Militar, por los supuestos delitos de ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada.
Exigimos la libertad de Rubén González Secretario General del Sinticato de trabajadores de la Ferrominera del Orinoco y otros trabajadores de esa empresa detenidos anoche cuando regresaban de marcha en Caracas. Cese a las detenciones arbitrarias y hostigamiento a sindicalistas pic.twitter.com/ZS3DCl5FWw
— PROVEA (@_Provea) November 29, 2018
Ante esta situación, la Asamblea Nacional señaló el pasado martes en sesión ordinaria que enviará una comunicación a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para solicitar que se pronuncie contra la detención de Rubén González y los otros nueve trabajadores de la Ferrominera que está privados de libertad en la Cárcel El Dorado en el estado Bolívar.
Parte de nuestro derecho de palabra en la #AN sobre el caso de #RubenGonzalez y los 9 trabajadores de #Ferrominera enviados a la cárcel del Dorado. #6Dic pic.twitter.com/VRE72JRYYo
— Jose Prat (@JOSELPRAT) December 6, 2018
“El Gobierno pone cercos al trabajo”
El diputado a la AN, Ángel Medina, alegó que “el Gobierno pone cercos al trabajo, coloca al salario como centro de un esquema de esclavización” debido a las precarias medidas económicas que se han tomado en los últimos años y que no frenan la hiperinflación. “El salario (venezolano) es la tenaza que oprima la libertad. Van seis aumentos de salarios este año y cada uno de ellos significa mayor empobrecimiento”.
Medina se expresó su solidaridad con el líder sindical y los trabajadores de Ferrominera detenidos “cuyo único delito es trabajar todos los días para construir una mejor Venezuela”. “No es la primera vez que Rubén González se encuentra detenido, rechazamos que se empleen los mecanismos judiciales para amedrentar, pero el Gobierno no va a poder hacerlo”, enfatizó.
“El régimen ha convertido el salario en el centro de un esquema de esclavización del país, en un instrumento para cercenar la libertad y para callar al hombre “ @AngelMedinaD #PJDiputados pic.twitter.com/JHTt8tb0XJ
— Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) December 5, 2018
A pesar que el Gobierno de Nicolás Maduro pareciera que intenta acallar a los trabajadores públicos, al menos tres artículos de la Carta Magna avalan el derecho a reunirse sin aviso previo de las autoridades, siempre que sea con fines lícitos y sin armas.
¡Conoce nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela! Art. 53 – CRBV pic.twitter.com/J5jqlI015y
— Futuro Ciudadano (@DemosFuturoC) February 4, 2017
De igual forma, el artículo 62 permite que los ciudadanos puedan participar en asuntos públicos y establece que el Estado tiene la obligación de «facilitar la generación de condiciones más favorables para su práctica».
“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”, se lee en el artículo 68.
El Gobierno Nacional ha demostrado hacer caso omiso a estos derechos constitucionales, no obstante, las organizaciones han logrado registrar todas las incidencias cometidas en este sector que se ha visto tan afectado por la crisis generalizada que atraviesa el país.
