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Encuesta reveló las exigencias de justicia a responsables de la Gran Corrupción

Son dos las áreas en las que, según los resultados del estudio, las personas tienen resistencia a que se negocie: la ocupación de cargos públicos y el disfrute del gasto del Estado, así lo revela la encuesta Justicia Transicional Anticorrupción cuyas conclusiones fueron presentadas este viernes por la ONG Transparencia Venezuela.

Las 106 personas encuestadas, entre las que destacan académicos, profesionales liberales, sociedad civil, representantes de movimientos de Derechos Humanos, gremios y sindicatos, consideran que si bien probablemente habrá que negociar con los responsables de los casos de Gran Corrupción en Venezuela, no se quiere que estos ocupen cargos administrativos en un futuro Gobierno, ni que puedan disponer del gasto público.

Depende del caso

Yonaide Sánchez, coordinadora regional de Transparencia Venezuela en el estado Lara, destacó entre los resultados que las personas encuestadas estarían dispuestas a considerar amnistía y perdón hacia funcionarios que cometieron delitos de corrupción sin ningún impacto en crímenes de lesa humanidad ni que hayan cometido gran corrupción.

Asimismo, señaló que, según el estudio, sería posible negociar solo en los casos en los que las personas que hayan cometido estos delitos, contribuyan con la estabilidad de un nuevo gobierno.

De igual manera, la encuesta reveló que las personas exigen que se castiguen particularmente los delitos de corrupción que afectan los Derechos Humanos y señalan a Nicolás Maduro como el principal responsable de la crisis en Venezuela.

Los castigos

Por la magnitud del daño, los casos de gran corrupción son los primeros que los encuestados plantean que hay que investigar. En ese sentido, las personas encuestadas determinaron cuáles serían las sanciones o castigos que deben aplicarse en caso de juicio a los responsables de los casos de corrupción en Venezuela.

Destacaron, entre ellos, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, la cancelación de los costos de las investigaciones, prohibición de salida del país así como la identificación y publicidad de los nombres de los corruptos.

«No hay que esperar a que llegue la transición para saber qué necesitamos para construir nuevas capacidades», aseguró Sánchez, quien sostuvo que un país tan castigado por la corrupción, contar con instituciones y funcionarios en los que se pueda confiar, es crucial y constituye un requerimiento fundamental para el momento de transición.

Aseguró que «no se trata solamente de reformas organizativas. Hay que reinstitucionalizar el Estado de Derecho, que es el ABC de cualquier sistema democrático», y agregó que es necesario desmontar el aparato militar que ha copado la instituciones en Venezuela, la cual será una de las grandes tareas no solo organizacionales sino culturales.

Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, advirtió que enfrentar grupos tan poderosos como los que están detrás de los casos de Gran Corrupción requiere una gran capacidad que en este momento no se ha desarrollado.

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«En Venezuela se han perdido recursos económicos, el sistema judicial no tiene recursos para enfrentar la investigación de casos de Gran Corrupción en Venezuela», en ese orden, De Freitas señaló que se está proponiendo la creación de una institución en paralelo que tiene como tarea particular y específica la de investigar, profesar y tener resultados en sanciones de los casos de gran corrupción.

Para ello, dijo, «necesitamos apoyo para dibujar propuestas para la lucha anticorrupción en Venezuela con la experticia de grupos multidisciplinarios para investigar a fondo estos delitos».

Las representantes de Transparencia Venezuela coinciden en que la mayoría de las capacidades deben construirse para crear un mecanismo capaz de impulsar un proceso de tanta complejidad como este. «Tenemos que prepararnos para poder generar un proceso de transición saludable que combine justicia, reparación y reconciliación», sentenció Yonaide Sánchez.

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