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Espacio Público: Acceso a la información pública presenta un balance negativo

A propósito de celebrarse el Día Internacional del Acceso a la Información Pública, el abogado Amado Vivas, perteneciente a la organización Espacio Público, aseguró este viernes que en el ejercicio periodístico el acceso a las fuentes e informaciones presenta un balance negativo.

“No solo se les obliga a los periodistas revelar sus fuentes, que es un derecho constitucional protegido, sino que también se les prohíbe el acceso a las mismas y se les niega la información pública”, dijo Vivas durante una actividad en la cual se desarrolló el tema de la Libertad de Expresión.

El abogado explicó que la información pública está predeterminada por varios aspectos. Entre ellos, el «principio de transparencia activa», que consiste en que los entes públicos de oficio tienen el deber de publicar información. Sin embargo, para Vivas esto tiene un balance negativo porque las instituciones omiten el hecho de publicar datos como presupuestos o informes de gestión.

“En el año 2016 hicimos un total de 100 peticiones de información y recibimos solo una de la Alcaldía de El Hatillo. En el 2017 realizamos 90 solicitudes y no nos respondieron ninguna. Este año llevamos 50 y no hemos recibido respuesta, básicamente es una línea recta que se sigue”, apuntó Vivas.

De igual manera, El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha establecido estándares regresivos en cuanto al acceso de la información pública, según indicó Vivas. “Un ejemplo claro de esto es que a pesar de que la jurisprudencia internacional nos dice que no tenemos que argumentar ningún tipo de interés en cuanto a la información que se solicita, el TSJ ha dicho que el peticionario si tiene que ofrecer argumentos”, profundizó.

En relación con el caso del medio de comunicación La Patilla, en el cual el constituyente Diosdado Cabello aseguró que el portal deberá pagarle la suma de 32 millones de dólares, Vivas precisó que la sentencia no se puede considerar como ejecutable porque no la llevó un Tribunal competente.

A su vez, señaló que la información difundida por el medio digital forma parte de lo que se conoce como “reproducción fiel de información” que, según los estándares internacionales de Derechos Humanos, no recae sobre los medios ningún tipo de responsabilidad.  “Adicionalmente la multa es desproporcional y lo que busca básicamente es silenciar, callar y hostigar al medio de comunicación”, alertó el abogado.

A juicio de Vivas, los mecanismos contra la Libertad de Expresión “se han ido impuesto cada vez más” e hizo referencia a la detención del periodista Isnardo Bravo el pasado 24 de septiembre, por lo que mencionó que la retención de pasaportes es una figura ilegal que pretende “hostigar al ciudadano afectado e impedirle su derecho al libre tránsito”.

El abogado de la ONG Espacio Público agregó que la caución que le impide a Bravo dar declaraciones que guarden referencia a las investigaciones sobre Óscar Pérez también es inconstitucional porque no fue ordenada por un tribunal competente.

Asimismo, Vivas mencionó el caso de Pedro Jaimes Criollo, quien está detenido hace cuatro meses por publicar la ruta del avión presidencial en la red social Twitter y destacó que el acceso a la información publica se rige por el «principio de máxima divulgación», el cual establece que “toda información se presume pública al menos de que exista una reserva legal al respecto”.

“No hay reserva sobre la información publicada por Jaimes Criollo, sin embargo, se le abrió un procedimiento penal en el cual está detenido preventivamente con un proceso lleno de vicios en el que se está violando su libertad de expresión, al debido proceso, al trato humano y a la libertad personal”, mencionó.

Finalmente, Vivas explicó que la ONG Espacio Público se encarga de divulgar todas estas violaciones al acceso de información, a los DDHH y a la Libertad de Expresión, además de prestar asistencia legar si es solicitado.

“El formato es simple, cualquier tipo de información que yo pregunte me la tienen que responder en un lapso legal de 20 días. Lo que nosotros recomendamos es que se trate de ser lo más específico posible y solicitar presupuestos, proyectos, informes”, puntualizó el abogado.

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