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Familiares piden respeto a DDHH tras conocer paradero de Braulio Jatar

Silvia Martínez, esposa del abogado venezolano-chileno Braulio Jatar, exigió este lunes al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que respeten los derechos humanos del también director del portal Reporte Confidencial luego de conocer que fue trasladado al Internado Judicial de Cumaná, en el estado de Sucre.

«Señor Tarek Wiliam Saab cada vez que lo trasladan violan su derecho a ser visitado por su familia. Respeto a sus DDHH. Su delito INFORMAR», escribió la esposa de Jatar en su cuenta de Twitter.

En horas de la noche del domingo, William Saab dio a conocer que Jatar fue trasladado hasta el Internado Judicial de Cumaná, debido a que, según explicó en un mensaje publicado en esta misma red social, «es el recinto más cercano al tribunal que sigue su causa» en el estado oriental de Nueva Esparta, lugar donde fue detenido.

Esta información la dio el defensor del Pueblo, luego de que la hermana del periodista, Ana Julia Jatar se lo exigiera.

Tras conocerse el paradero del jurista, la esposa de Jatar reclamó que le estén tratando «como un condenado», cuando «apenas comienza un proceso».

«Señor Tarek Wiliam Saab a mi esposo Braulio Jatar le rapan el pelo, colocan uniforme y aplican régimen de condenado, ¿por qué? ¿Por INFORMAR?», añadió en otro mensaje.

Ayer los familiares de Jatar, que se encuentra detenido desde el pasado 3 de septiembre, denunciaron que nuevamente había sido trasladado de la cárcel «26 de julio» ubicada en el céntrico estado Guárico a un sitio que desconocían.

El pasado 11 de septiembre también se presentó una situación similar.

El Gobierno de Chile pidió, en esa oportunidad, a Venezuela garantizar «las normas mínimas que deben observarse en toda detención».

Jatar, de 58 años, fue detenido junto a una treintena de personas, luego de difundir videos de personas protestando cacerolas contra el presidente Nicolás Maduro, quien realizaba un recorrido en la comunidad de Villa Rosa en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta.

Tras el hecho, un tribunal imputó al abogado por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales, según la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano.

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