Fiscal considera que algunos artículos de Ley Antisecuestro fomentarán la impunidad

Sostuvo que las víctimas y sus familiares se abstendrán de denunciar ante la posible «congelación» de sus bienes.

Durante el programa «En Sintonía con el Ministerio Público», la máxima representante del Ministerio Público se refirió al artículo 15 del mencionado instrumento legal, el cual versa sobre la «actuación de protección.

Señala el artículo que el Ministerio Público practicará las actuaciones necesarias para proteger la integridad física de la víctima, sus parientes cercanos y su patrimonio», citó la Fiscal General de la República.

Más abajo dice el mismo artículo que «para garantizar el objeto de la investigación, el Ministerio Público podrá verificar el patrimonio de la víctima y de sus parientes cercanos y solicitar medidas judiciales de protección», sin embargo, lo que le «causa ruido» a Ortega Díaz es que para poder realizar dicha solicitud ante un tribunal, los fiscales deben contar con la autorización del secuestrado y de sus familiares «y yo creo que eso no se puede hacer».

Para la Fiscal General de la República dicha situación va a traer como consecuencia la impunidad y el aumento de las cifras ocultas debido a que las personas no denunciarán, por temor a la aplicación de la medida judicial de protección sobre sus bienes.

Ortega Díaz también habló sobre el artículo 26 de la misma ley, el cual establece que queda prohibido todo crédito, fianza, aval o cualquier suministro de recurso destinado al pago para la liberación del secuestrado o el pago de extorsiones. «Quienes incumplan el contenido de esta norma, serán sancionados o sancionadas conforme a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley reciente sancionada».

«La persona es doblemente víctima. No se sabe qué puede sentir una persona o los familiares de un ciudadano secuestrado. Por eso creo que las leyes deben adaptarse a la situación, a lo que viven las personas. Las leyes no pueden elaborarlas quienes no están en lo cotidiano; deben ajustarse al hecho social y al momento histórico que se esté viviendo», explicó.

Nuevo Código Penal

A propósito de la relación que deben tener las leyes con la realidad social del país, la Fiscal General considera que la discusión de la modificación del Código Penal debería estar por encima de cualquier otra norma jurídica. «Hay que hacer las modificaciones al Código Penal y recoger en un sólo Código todo ese conjunto de leyes penales que están dispersas en distintas normas. Hay que concentrarlas en un sólo instrumento jurídico».

Ortega Díaz manifestó que mientras las leyes no estén un sólo Código, seguirán existiendo las contradicciones. Refirió como ejemplo los choques que existen entre los artículos del Código Penal y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

En tal sentido, la máxima representante del Ministerio Público asomó la iniciativa de redactar un nuevo Código, con el fin de derogar todas las leyes penales vigentes, puesto que el actual «no soporta una reforma. Ese Código debe ajustarse a la realidad, al momento histórico».

Aprovechó el espacio para rechazar el reciente informe de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, puesto que en Venezuela sí se está trabajando en esta materia.

Asimismo, recordó que en la década del 60 y años posteriores en Venezuela fueron desaparecidos y asesinados ciudadanos, bajo el recordado lema «disparen primero y averiguen después», y en aquel entonces no hubo pronunciamiento alguno de organizaciones internacionales condenando estos hechos.

Anunció que antes de finalizar este año, tiene previsto inaugurar dos sedes de la Unidad de Criminalística, una en Barquisimeto y otra en el área metropolitana de Caracas, las cuales tendrán como objetivo investigar todos aquellos hechos delictivos en los que se presuma que se violaron los derechos humanos por parte de funcionarios policiales.