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Fiscalía imputó a 10 funcionarios por abuso de autoridad y extorsión a campesinos

Saab indicó que "En las últimas horas, el Ministerio Público ha imputado a 10 funcionarios policiales de los estados Portuguesa y Barinas que realizaron delitos de extorsión"

Tareck William Saab informó este jueves que el Ministerio Público imputó a 10 funcionarios de los estados Barinas y Portuguesa por los delitos de extorsión, privación ilegítima y abuso de autoridad que ejercieron contra campesinos.

A través de Twitter, Saab indicó que «En las últimas horas, el Ministerio Público ha imputado a 10 funcionarios policiales de los estados Portuguesa y Barinas que realizaron delitos de extorsión, privación ilegítima y abuso de autoridad contra honestos productores campesinos».

El pasado 21 de abril, el ministro del Interior, Remigio Ceballos, anunció la creación de una «coordinación de seguridad rural nacional», la cual debe atender los problemas de violencia e inseguridad que afectan a los productores del campo venezolano.

«Hemos conversado sobre las distintas estrategias que vamos a implementar como un registro nacional. También la protección y los planes que estamos implementando para la seguridad y el transporte de alimentos, el transporte público y la producción de todo el sistema productivo nacional para que llegue de manera segura», detalló el ministro en declaraciones al canal VTV.

El anuncio tuvo lugar luego de una reunión de trabajo entre las autoridades del país y representantes del sector productivo, entre los que participaron dirigentes del Frente Campesino, La Confederación de Asociaciones De Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) y La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga).

A mediados de marzo, Fedenaga denunció «extorsiones, invasiones» y problemas por falta de combustible en el campo y exigió al régimen de Nicolás Maduro que estas irregularidades sean investigadas.

La federación emitió un comunicado en el que detalló que estos hechos afectan a los propietarios de tierra y ganaderos de los estados Zulia, Bolívar, Falcón y Barinas, donde han podido documentar desvío de combustible, invasiones y «extorsiones judiciales».

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