Fiscalía venezolana solicita a la CPI una reunión de trabajo
El titular del Ministerio Público venezolano además manifestó que espera que el nuevo fiscal tenga una apertura y colaboración con Venezuela
Tarek Saab informó que el Ministerio Público de Venezuela solicitó al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, una reunión de trabajo para «establecer una hoja de ruta«.
Saab dijo a través de Twitter que «El Ministerio Público informa que Venezuela se dirige con una carta de bienvenida al nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, y le solicita cordialmente una reunión de trabajo».
En el texto, Saab indicó que la misiva fue entregada a Khan el pasado miércoles y que en la misma le reiteró la disposición de su despacho de seguir colaborando en el examen preliminar que la corte realiza a Venezuela por denuncias de crímenes de lesa humanidad.
«En la misiva enviada, se hace referencia a los informes presentados por nuestro país en los últimos 9 meses, en el marco del examen preliminar (…) los cuales demuestran que desde que así se nos requirió el pasado 2 de octubre, nuestra posición ha sido siempre la de colaborar con la Fiscalía«, reiteró.
El titular del Ministerio Público venezolano además manifestó que espera que el nuevo fiscal tenga una apertura y colaboración con Venezuela «en el marco de la complementariedad» para avanzar en las denuncias contra el país caribeño.
La CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
Por ello, el máximo tribunal solicitó a Venezuela información sobre «los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma», la carta fundacional de la corte internacional.
La exfiscal de la CPI Fatou Bensouda adelantó en noviembre del año pasado que existen «fundamentos razonables para creer» que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En el último informe hecho público mencionó posibles delitos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos, cuyas víctimas habrían sido miembros de la oposición.
