Focalización, la clave diferencial del subsidio que plantea el Plan País
Para hacer frente a los graves indicadores de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) propusieron un programa de acción enmarcado dentro del Plan País del parlamento venezolano, elaborado en conjunto con un numeroso grupo de expertos en el área económica, política y social.
El plan, que contempla la aplicación de 11 programas sociales, tiene tres fases: la primera denominada fase de emergencia, que precederá a las fases de estabilización y reforma, contempla primordialmente los sectores más vulnerables de la geografía nacional. La misma está concebida para desarrollarse en un lapso de entre 9 y 12 meses, “hasta que la economía venezolana despegue y dejen de tener sentido”, según lo indicó el sociólogo Luis Pedro España durante el foro Encovi y Plan País.
Plan de subsidio directo
Según lo explicado por España, con base en las cifras ofrecidas por Encovi, el primero de los 11 programas y el que requiere un mayor presupuesto, es el de subsidio directo, que contempla durante sus primeros 90 días otorgar un subsidio monetario directo a 51% de la población que se encuentra en situación de pobreza, lo que constituye unos 3,9 millones de hogares, para garantizar su acceso a alimentos y medicinas.
Recuperar la focalización es clave para hacer viable el plan de subsidio directo, que a juicio de Luis Pedro España, dista mucho del plan actual de subsidios a través del Carnet de la Patria, el cual no ha funcionado «porque no cumple con ninguna de estas condiciones: no tiene focalización, ni tratan a las personas como personas, ni su criterio de asignación es social, sino político«.
El sociólogo resaltó que la ayuda estaría focalizada geográficamente. Es decir, la recibirían 75% de los hogares de las ciudades pequeñas, 46,3% de los hogares de las ciudades medianas y 40,6% de los hogares de las ciudades medianas, de acuerdo con las cifras de distribución del tamaño y la intensidad de la pobreza.
En este sentido, se espera que tras 90 días de ejecución del plan de subsidio directo, se disminuya del 51% a 36,1%, lo que se traduce en 2.84 millones de hogares, que seguirán siendo atendidos en la medida en que se verifiquen y se actualicen sus condiciones de vida.
“La idea es otorgar el subsidio por unos 90 días, para luego reducir la entrega de este apoyo a 30% de la población a medida que la economía se vaya reactivando”, explicó España.
Focalización y control
El especialista en materia social indicó que en otros países donde se han aplicado programas de este tipo, se arranca con subsidios masivos, pero una vez que se hace, se inician procesos de focalización más específicos. La oficina gubernamental que creó ese subsidio, cierra, con el fin de que alguien que lo haya recibido, pero que ya no entra como población objetivo, «no tenga dónde volver a tocar la puerta para volver a recibirlo».
En ello coincidió el rector de la Ucab, Francisco José Virtuoso, durante el foro realizado en el Aula Magna de esta casa de estudios. «Actualmente el plan de subsidio no está focalizado ni controlado, sino que es universal, ya recuperar la focalización sería un gran paso», apuntó. Asimismo, destacó la importancia de un mecanismo de control que considere lo siguiente: en la cuenta de cuál miembro del hogar se va a depositar el subsidio, respecto a lo cual señaló que muy probablemente será a la cuenta de las madres de familia, para garantizar que esos recursos serán destinados a la alimentación.
Además, destacó el rector universitario, «hay que focalizar, por ejemplo, si la madre está enviando a los hijos a la escuela, verificar si el subsidio efectivamente está llegando, si efectivamente está rindiendo resultados y después de un tiempo determinado, verificar que en ese hogar hayan disminuido los problemas, que los hijos se encuentren bien alimentados y, por supuesto, habrá alguna penalidad si esto no se está cumpliendo».
La principal autoridad de la Ucab apuntó que en la región hay una vasta experiencia en el control de los subsidios, y sostuvo que si bien en la primera etapa de emergencia «no se podrán llevar a cabo todos los controles», debe hacerse en la medida en que el programa vaya avanzando. «Tiene que haber una contraparte en la respuesta a ese subsidio, tiene que ser controlado, esto debe formar parte de la política social», aseguró.
Un cambio en la cultura
Virtuoso consideró que tanto el funcionario público como el receptor del subsidio tienen que entrar en otra onda, y eso debe formar parte también de la política social, «que no se piense que esto es un regalito que me están haciendo, y como es un regalito, lo voy a utilizar como yo quiera», expresó.
«Este país va a necesitar medidas de protección y compensación durante mucho tiempo, pero tiene que haber también un cambio en la cultura», enfatizó el rector. Esto es parte de una política de inclusión, de rescatar los derechos sociales, «que son derechos, no favorcitos», dijo.
Durante la fase de emergencia, el plan propone generar 981 mil empleos y otorgar pensiones universales a 633 mil adultos mayores que, actualmente, están fuera de la seguridad social.
Luis Pedro España estima que el costo de este programa estaría ubicado en unos 8.000 millones de dólares, monto que podría conseguirse a través del financiamiento internacional.
