HRW: Venezuela debe poner fin a los procesos penales por disentir con el gobierno
Human Rights Watch considera que la detención de el ex gobernador del Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, y el dueño de Globovisión, Guillermo Zuloaga, en respuesta a sus declaraciones criticando el gobierno representa un fuerte golpe para la libertad de expresión en Venezuela, expresó en un comunicado.
«Procesar penalmente a una persona por una expresión crítica que está protegida en cualquier democracia es un muy mal precedente», afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. «Dadas las limitaciones a un juicio justo, producto del copamiento político del Tribunal Supremo por parte del gobierno, es muy probable que las violaciones a la libertad de expresión se agraven».
De acuerdo con la Agencia Bolivariana de Noticias, Zuloaga había criticado al Presidente Hugo Chávez por atentar contra la libertad de expresión al cerrar varios medios. Según Radio Nacional Venezuela, la Fiscal General de la República informó que están investigando a Zuloaga «por los delitos de divulgación de información falsa, y ofensa y vilipendio al Presidente de la República.» También reportó que Zuloaga se encuentra actualmente bajo la custodia de funcionarios del gobierno en el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo, en el estado de Falcón, a la espera de una comitiva oficial que llegará desde Caracas para ejecutar la orden judicial que lo obliga a permanecer en el país.
La detención de Zuloaga se produce un día después de que Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador de Zulia y miembro de la Asamblea Nacional, fuera encarcelado por criticar al gobierno de Chávez durante un programa de televisión emitido este mes.
«Durante años, Chávez ha impulsado leyes para restringir el ejercicio de la libertad de expresión», dijo Vivanco. «Ahora pareciera que estamos entrando a un período más oscuro en el cual estas leyes draconianas se implementan.»
Las leyes de desacato, que penalizan las expresiones que se consideran ofensivas del honor de los funcionarios públicos y las instituciones, infringen directamente las normas internacionales sobre derechos humanos. Los Principios sobre Libertad de Expresión adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2000 afirman que la protección de la reputación de los funcionarios públicos debe estar garantizada sólo mediante la imposición de sanciones civiles. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la aplicación de procedimientos penales por difamación debe limitarse a casos de «extrema gravedad», en los cuales se haya demostrado la «absoluta necesidad» de utilizar tales medidas «en forma verdaderamente excepcional», y en ese caso, la carga de la prueba debe recaer en quien formula la acusación.
En 2004, Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional emprendieron un copamiento político del Tribunal Supremo que logró neutralizar al poder judicial como rama independiente del gobierno. Desde el copamiento político de 2004, el Tribunal no ha cumplido con su rol como contralor del accionar arbitrario del estado y garante de los derechos fundamentales.
