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Indígenas venezolanos dicen que más de 400 mineros de Brasil invaden su territorio

Las organizaciones que presentaron la denuncia aseguraron que los "garimpeiros" poseen unas 30 máquinas usadas para la extracción de minerales.

Varias organizaciones indígenas de Venezuela denunciaron ante la Defensoría Delegada del Pueblo la presencia de más de 400 «garimpeiros» (mineros del oro) brasileños «fuertemente armados» en su territorio, informó este miércoles la ONG Provea.

El abogado Gumersindo Castro, defensor del Pueblo en la entidad amazonense, dio a conocer la denuncia, que catalogó como «muy grave», al tratarse de «la presencia ilegal de brasileros armados en territorio venezolano, situación que se traduce en una amenaza para los indígenas pobladores de la zona».

Castro señaló que los pueblos indígenas están siendo «sometidos a situación de esclavitud» en las comunidades más alejadas y de difícil acceso del municipio Manapiare, del estado Amazonas, en la frontera entre Venezuela y Brasil.

El abogado señaló que «La presencia de estas personas, de forma ilegal, en territorio venezolano corresponde a la práctica de la actividad minera», y reveló que las organizaciones que presentaron la denuncia aseguraron que los «garimpeiros» poseen unas 30 máquinas usadas para la extracción de minerales.

Además, los habitantes de los pueblos originarios de la zona aseguraron que se cometieron asesinatos de líderes indígenas que promovieron la denuncia sobre la «irregularidad» que viven en esa jurisdicción.

Castro, quien exhortó a las autoridades a que investiguen esta «situación irregular de incursión ilegal en territorio venezolano», explicó que el Ministerio Público «está en conocimiento del hecho denunciado» y aseguró que comenzó a trabajar en el caso.

Según el abogado, diversas organizaciones Ye’kwana, desde el estado Bolívar hasta Alto Orinoco (Amazonas), se unieron y delegaron una comisión «para que se encargue de visibilizar este problema que afecta gravemente a los indígenas venezolanos».

El defensor del Pueblo concluyó que «se debe castigar a los responsables de estos hechos que se traducen en la violación de la soberanía venezolana y falta de protección a los pueblos indígenas».

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