Actualidad Nacional

Informe CDJ: Situación de las personas Defensoras de Derechos Humanos en Venezuela

La Administración de Maduro continúa criminalizando la defensa, exigencia y promoción de los DD.HH, ello en un contexto en el cual se sigue profundizando el cierre del espacio cívico y democrático y cercenando las libertades fundamentales

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 68 ataques e incidentes de seguridad durante septiembre de 2022 en Venezuela.

En un contexto adverso y restrictivo, se incrementan los riesgos para quienes se encuentran en la primera línea de respuesta a la crisis social, política y de derechos humanos en el país, sin que existan mecanismos efectivos para su protección.

A pesar de las denuncias y las recomendaciones hechas al Estado venezolano por los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y otros actores de la comunidad internacional, continúa la profundización de las restricciones al espacio cívico y democrático afectan.

El accionar de las personas y organizaciones de derechos humanos sigue siendo limitado y controlado, como consecuencia de la represión y el control social del Estado, afectando no solo su operatividad sino también el acompañamiento de las víctimas.

68 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de septiembre reflejaron un nuevo aumento de agresiones, especialmente la estigmatización y otros hechos de carácter más violento como intimidación, hostigamiento y amenazas.

El hostigamiento judicial en contra de personas defensoras, abogados y organizaciones se emplea como mecanismos de represalia, así como también pretende tener un efecto atemorizante en el resto de organizaciones, al utilizarse el derecho penal para criminalizar bajo la lógica del enemigo.

Los 68 hechos registrados durante el mes de septiembre se caracterizaron por los siguientes patrones de agresión:

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La lógica del enemigo interno aplicada en contra de la defensa y exigencia de Derechos Humanos

La Administración de Maduro continúa criminalizando la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos, ello en un contexto en el cual se sigue profundizando el cierre del espacio cívico y democrático y cercenando las libertades fundamentales. En este escenario septiembre se presenta como el mes con la mayor cantidad de ataques documentados por el Centro para los Defensores y la Justicia en lo que va de 2022.

Entre los actos de intimidación, señalamientos, descalificaciones e incidentes registrados, algunos se constituyen como represalias en el marco de la presentación del informe de la Misión Internacional Independiente de los Hechos sobre Venezuela, así como también en relación a los casos denunciados y visibilizados en el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos por la Secretaria General de Naciones Unidas relativo a los actos de intimidación y represalia por cooperar con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos.

La criminalización de la cooperación internacional ha sido una de los principales elementos que han caracterizado la persecución sistemática de quienes exigen y defienden derechos humanos en el país.

Durante el año han sido constantes amenazas y posible adopción de una ley de cooperación internacional. Durante el mes de septiembre la criminalización de la cooperación internacional en contra de las organizaciones y personas defensoras se evidenció producto de sus actividades de incidencia y de colaboración con instancias internacionales. Funcionarios e instituciones de la actual administración profesan amenazas y expresiones de descrédito al trabajo de las organizaciones, al ser fuentes para la emisión de informes de los mecanismos.

El acompañamiento a víctimas, la documentación, la cooperación internacional y la incidencia son labores legítimas enmarcadas en el derecho a defender derechos humanos. Lejos de ser un delito, son actividades necesarias para la recuperación de la institucionalidad democrática y para el alcance de la verdad, justicia y reparación de las víctimas. El Estado venezolano debe cesar la política de criminalización en contra de la defensa de los derechos humanos y garantizar entornos propicios y seguros para que quienes la ejercen, puedan hacerlo sin temor a represalias.

Para leer el informe completo, pulse aquí

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