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Iris Varela propone a la AN de Maduro confiscar bienes a los que se fueron del país

Iris Varela tiene diversas propuestas para la Asamblea Nacional de Maduro que este 5 de enero se instaló y la comunidad internacional ni la oposición reconoce, entre ellas está la confiscación de los bienes de todos aquellos venezolanos que se fueron del país.  

Varela fue nombraba primera vicepresidenta de esta Asamblea Nacional ilegítima, hecho que cobra fuerza para poner en marcha las propuestas realizadas durante su campaña electoral.

En una entrevista a Últimas Noticias publicada el 4 de enero, enumeró tres ideas para aplicar en su mandato, la primera propuesta es que la AN debe ser un exhorto al Poder Judicial para que se libren de inmediato órdenes de captura «a todas las personas que han traicionado a este país».

La segunda es que se decrete la confiscación de los bienes de todos los que se fueron del país. «Conversaba con el gobernador de Guárico y le decía que hay fincas que podían estar bien productivas. Si aquí alguien, llámese como se llame, asume un bien que está en producción, está obligado a mantenerlo produciendo», argumentó Varela.

Como ejemplo dijo que en el país hay mansiones de esas personas que ahorita están viviendo en el exterior y podrían ser clínicas populares.

Y por último que se le revoque la nacionalidad venezolana «a todo el que se haya montado en la onda conspirativa pidiendo invasión militar, porque lo que han pedido es guerra y esa guerra ha generado muertos».

Una vicepresidenta del Parlamento con sanciones

Iris Varela  se venía desempeñando como ministra de Servicio Penitenciario, un ministerio creado por el fallecido presidente Hugo Chávez.

En 2017 Varela fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entre los cargos hay penalizaciones de carácter económico e individual. 

Luego en el 2018 fue sancionada por el gobierno de Panamá por ser considerada de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Su nombre también figura entre los funcionarios y empresarios, relacionados con el Gobierno de Maduro, sancionados por el TIAR el 3 de diciembre de 2019. Las sanciones incluyen la congelación de cuentas y la prohibición de ingresar a territorio de los países miembros del Tratado.

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