La justicia oficialista y sus “fórmulas alternativas” sobre los excarcelados políticos
Cifras del Foro Penal (FP) dan cuenta de que en Venezuela fueron aprehendidas, en lo que va de 2019, 2.014 personas por razones políticas.
De hecho, gran parte de las detenciones se derivan de las protestas, por lo que en las cárceles hay 859 presos por motivos meramente políticos, mientras que el resto fue liberado.
Es decir, 1.155 personas han sido liberadas, pero bajo fórmulas alternativas de pena, a saber, no libertad plena sino libertad bajo medidas cautelares sustitutivas mencionadas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Las medidas cautelares
En el capítulo IV del COPP se destaca que siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, algunas de las medidas siguientes:
1. La detención domiciliaria en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal ordene;
2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la que informará regularmente al tribunal;
3. La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel designe;
4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal;
5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares;
6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa.
7. El abandono inmediato del domicilio si se trata de agresiones a mujeres o niños, o de delitos sexuales, cuando la víctima conviva con el imputado;
8. La prestación de una caución económica adecuada, de posible cumplimiento por el propio imputado o por otra persona, atendiendo al principio de proporcionalidad, mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas, o garantías reales;
9. Cualquier otra medida preventiva o cautelar que el tribunal, mediante auto razonado, estime procedente o necesaria.
En caso de que el imputado se encuentre sujeto a una medida cautelar sustitutiva previa, el tribunal deberá evaluar la entidad del nuevo delito cometido, la conducta predelictual del imputado y la magnitud del daño, a los efectos de otorgar o no una nueva medida cautelar sustitutiva.
En ningún caso podrán concederse al imputado, de manera contemporánea tres o más medidas cautelares sustitutivas.
#13May Son 859 #presospolíticos en #Venezuela según lista actualizada del @ForoPenal verificada por nuestra directiva y enviada a los organizaciones correspondientes. Además, 8467 personas siguen sujetas a procesos penales injustos bajo medidas cautelares. pic.twitter.com/raOwdmNUd9
— abraham cantillo (@abraham_c) May 13, 2019
Luego de los sucesos del 30 de abril
Romero enfatizó que ha habido más de 270 detenciones desde el pasado 30 de abril, cuando el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, lideró un fallido levantamiento militar que derivó en protestas en Caracas.
«Pero han quedado formalmente privados de libertad 82 personas», precisó.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que tras los sucesos del 30 de abril, cinco personas fallecieron y 233 fueron detenidas.
Aseguró que se habían emitido otras 18 órdenes de aprehensión contra civiles y militares relacionadas con el alzamiento en que también participó el opositor Leopoldo López, quien fue liberado por Guaidó al culminar el arresto domiciliario en que se encontraba y está desde entonces en calidad de huésped en la residencia de la embajada española en Caracas.
Gilber Caro y Edgar Zambrano son víctimas recientes de desaparición forzada. Recordamos que este es un crimen de lesa humanidad contemplado por el Estatuto de Roma, y que este ocurre sistemáticamente en Venezuela #JusticiaVe pic.twitter.com/9TmjmPuazT
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) May 16, 2019
Caso Gilber caro y Édgar Zambrano
Para el Observatorio Venezolano de Justicia, los diputados Gilber Caro y Édgar Zambrano son víctimas recientes de desaparición forzada. Recordamos que este es un crimen de lesa humanidad contemplado por el Estatuto de Roma, y que este ocurre sistemáticamente en Venezuela.
Al levantar la inmunidad de los 14 legisladores señalados por el alzamiento, la ANC se ha atribuido competencias exclusivas del Parlamento, lo que hace desde que se instaló ese órgano en 2017.
Diputados en la mira | De los 20 parlamentarios enjuiciados, 19 son de oposición y uno es del partido de gobierno, pero llegado un momento se convirtió en disidente de su política: el diputado Ferrer, esposo de la Fiscal Luisa Ortega #JusticiaVe pic.twitter.com/UBuke2MseV
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) May 17, 2019
Comisario Iván Simonovis y Leopoldo López
El jefe de la AN, Juan Guaidó, aseguró esta semana que el comisario Iván Simonovis fue liberado de su arresto domiciliario tras haber recibido un indulto suyo como el que le dio al opositor Leopoldo López el pasado 30 de abril.
«El comisario Iván Simonovis hoy está libre producto de ese proceso de la Operación Libertad que estamos llevando a cabo, había recibido un indulto lamentablemente no ejecutado el 30 de abril de este año, pero hoy está en justa libertad», dijo Guaidó.
Simonovis fue detenido en 2004 por su presunta participación en el golpe de Estado del 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), en el que murieron cerca de 20 personas según algunas estimaciones.
Por estos hechos, en 2009 fue condenado a 30 años de prisión, pero en atención a razones humanitarias cumplía esta pena en su casa desde septiembre de 2014.
La mañana de este jueves había trascendido que Simonovis, que era custodiado por varios funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Policía, había huido sin rumbo conocido.
Más temprano su esposa, Bony De Simonovis, informó a través de sus redes sociales que no tenía conocimiento del paradero del excomisario, al tiempo que denunció la posibilidad de que hubiera sido devuelto a una prisión militar.
Iván Simonovis era considerado por la oposición y por varias ONG que defienden los derechos humanos en Venezuela como un preso por razones de consciencia.
La tensión
Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.
La situación se agravó a raíz del 30 de abril, cuando Guaidó y un liberado Leopoldo López capitanearon la Operación Libertad que, según la versión estadounidense, se vio frustrado por la intervención de Rusia y Cuba. Desde entonces, el vicepresidente de la Asamblea Nacional ha sido detenido y la Justicia ha señalado a varios diputados.
