Ley de Educación Universitaria desmonta autonomía y libertad de pensamiento
Los rectores de las universidades autónomas del país coinciden en que la Ley de Educación Universitaria aprobada por la Asamblea Nacional y pendiente por su promulgación presidencial es anticonstitucional. En principio porque no fue consultada y viola la autonomía universitaria, tal como lo prevén los artículos 211 y 209 de la carta magna, respectivamente.
Lo que más preocupa a las autoridades de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, José Vicente Sánchez Frank; la Universidad del Zulia, Jorge Palencia; y de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, es que la ley desmonta las instancias de gobierno universitarias y erradica la pluralidad de pensamiento que rigen la cátedra y la investigación, a favor de una visión única del mundo como es el socialismo.
Solicitan al presidente Hugo Chávez diferir la promulgación y cambiar su contenido.
Disposiciones peligrosas. José Vicente Sánchez Frank, rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, advierte que la ley estipula 10 disposiciones transitorias «que concentran el poder en una sola persona».
Con las disposiciones quedan anulados el Consejo Nacional de Universidades y la Oficina de Planificación del Sector Universitario. También, y en menos de cuatro meses a la entrada en vigencia de la ley, se elegirán las asambleas de transformación universitaria, que dependen directamente del Poder Ejecutivo y colocan en minusvalía al Consejo Universitario, hasta ahora máximo órgano directivo de las universidades autónomas.
«Todas las competencias del CNU se las pasan al ministro», quien podría cerrar un núcleo universitario porque éste recibe apoyo de una alcaldía o de una gobernación en particular, asoma Sánchez. Este exceso de poder también podría servir para eliminar las elecciones a cargos directivos, que pasarían a ser designados directamente por el Ejecutivo.
El rector recordó que la universidad proviene del criterio de universalidad y en la ley, a través de los artículos 16 y 17, se pretende establecer una línea única de pensamiento cuando supedita el desempeño de las casas de estudio a los planes de desarrollo de la nación, los cuales tienen corte socialista.
«Se pretende imponer un pensamiento hegemónico, lo cual contradice la Constitución nacional, que establece la universalidad de pensamientos», agregó.
Mecha encendida. La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, explica que el afán controlador del instrumento legislativo atenta contra los cuatro componentes de la autonomía: académico, financiero, económico y organizativo.
Las universidades, por su propia esencia, son centros de pluralidad del pensamiento y de confrontación de ideas diversas, dice. «Es grave pretender el monopolio y el control. Eso es dictadura. Lo digo responsablemente».
Una evidencia, indica, es que las carreras y los contenidos programáticos serán concebidos por el Ministerio de Educación Superior y no por las cátedras y departamentos correspondientes, que se guían por el mercado de trabajo, las necesidades del sector productivo del país y la globalización. «La ley cierra la libertad de cátedra».
Lo mismo ocurrirá con las líneas de investigación. «Pretenden que sean las comunas las que definan la vida de las universidades», resaltó. Asimismo rechazó que se elimine el calificativo de profesor. Divo solicita al Presidente que no promulgue un instrumento legal que establece un pensamiento único. «Él será responsable de la mecha que se va a encender en el país».
Sin consultas. El rector de la Universidad del Zulia, Jorge Palencia, señala que la Asamblea Nacional manipula a la opinión pública cuando dice que la ley fue consultada. «Esta falta contraviene el artículo 211 de la Constitución nacional».
Agrega que el rechazo a la ley se fundamenta en razones de fondo. La autonomía universitaria, que está establecida en el artículo 109 de la Constitución, es un punto de honor porque le da derecho a las casas de estudio de organizarse. «El proyecto desestructura las instituciones universitarias y las liquida».
Afirma que comparte la inquietud de la transformación universitaria y que los cambios se hagan en función de los planes de desarrollo de la nación.
«Pero es un proceso que debe darse de acuerdo con lineamientos y no a imposiciones, aplicados libremente a partir estructuras organizativas propias y no las que allí se señalan, como las comunas».
Sobre la votación universitaria indica que hay consenso para la participación de obreros y empleados, pero advierte que se deben aclarar los términos. «Una votación paritaria no es justa porque la dirección académica puede quedar soslayada al quedar en manos de gente poco cercana del postgrado y la investigación. Es un riesgo que no se puede correr».
Agenda activa
Las alarmas están encendidas. Las universidades están preparando una agenda para confrontar la ley mediante foros, marchas y visitas durante enero.
En la Universidad Nacional Experimental del Táchira habrá foros de discusión sobre las aplicaciones del instrumento a partir de mañana. El miércoles 5 representantes de la Universidad de Carabobo visitarán la UCV en Caracas y el viernes 7 acudirán a Maracaibo para participar en actividades de discusión.
Ese mismo día la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios se reunirá para fijar una posición conjunta y definir una demanda de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, en caso de que la ley sea promulgada por el Presidente.
El 10 de enero la UC realizará acciones de calle y el 13 la LUZ tiene programada una marcha en Maracaibo.
Esa institución ha creado tres comisiones para coordinar actividades: diseño de estrategia y acciones, revisión de la ley y logística.
En Carabobo crearon cinco, con similares objetivos.
