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Liberados Afiuni, Jatar y 20 estudiantes: Sin claridad jurídica y a medias

Desde Ginebra, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, informó este viernes que el Gobierno de Nicolás Maduro liberó la noche de este jueves a 22 presos políticos, entre quienes destacan la juez María Lourdes Afiuni y el abogado chileno-venezolano Braulio Jatar y un grupo de estudiantes.

A pesar de la confusión inicial que generó la noticia, fue el Tribunal Supremo de Justicia, vía Twitter, quien ratificó que la medida cautelar sustitutiva de libertad a favor de Afiuni fue tomada por Tribunal Décimo Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio, información que fue ratificada posteriormente por Nelson Afiuni, el hermano de la jueza.

En el caso de Jatar, fue el propio periodista quien confirmó la medida en sus redes sociales, sin embargo en el caso de los estudiantes se desconocen detalles, empezando por los nombre de quienes serían los beneficiados.

Liberación de Afiuni ¿Pote de humo?

Sobre el caso de María de Lourdes Afiuni, Analitica.com conversó con el abogado, Juan Carlos Goitía, quien ratificó que, de ser cierto el anuncio, «quedaría demostrado que se trató de un caso político».

«Aquí lo que corresponde es la libertad plena«, porque la juez Afiuni se encuentra cumpliendo su condena de 5 años de cárcel en la calle con medidas cautelares de presentación y una serie de prohibiciones. Sin embargo Goitia explica que no es posible que el jueves 4 de julio se haya tomado la decisión de dictar la libertad plena.

Pero ¿Por qué? El pasado mes de marzo Afiuni fue condenada y su defensa recurrió a la instancia de apelación. La Corte 10° de Apelaciones del Área metropolitana de Caracas fue la designada para revisar el caso pero esta no pudo constituirse porque la juez Leidy Azuaje se inhibió y en palabras de Goitia «ningún otro juez ha querido meterse en este caso».

El procedimiento para la libertad plena de Afiuni solo ratificaría que todo el caso, desde el principio, fue político y a menos que «aparezca Maikel Moreno, en las próximas horas, presentando un recurso de avocamiento del Tribunal Supremo de Justicia, en el que anulan la sentencia, aquí no hay una actuación apegada al estado de Derecho».

A Goitia le llama la atención, además, que este anuncio se haga la víspera de un fin de semana largo y lo califica de pote de humo. «Se quiere hacer ver que se está accionando en materia de derechos humanos. De darse la veracidad de la información de Bachelet, se confirma que fue un caso político. Dictar la libertad plena de Afiuni en estos términos es reconocer que se violentaron sus derechos y que el enjuiciamiento ocurrió sin que se constituyera delito alguno».

Cuando consultamos sobre la opinión de Afiuni, Goitia aseguró que ella recibió la información desde Ginebra e igual que sus defensores piensa que «ellos (el Gobierno de Maduro) no hacen nada sin trasfondo».  Cabe recordar que el 21 de marzo de este año se celebró la audiencia de juicio. Los abogados de Afiuni, informaron que el juez Manuel Antonio Bognanno, quien llevaba el caso, condenó a la juez a cinco años de prisión por el delito de corrupción espiritual, es decir, corrupción sin dinero.

Jatar libre a medias

La medida sobre el caso Braulio Jatar, periodista y editor de Reporte Confidencial, también fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia en redes sociales, anunciando que fue el Tribunal Segundo de Control de Nueva Esparta quien revisó la cautelar sustitutiva de libertad.

Sin embargo, se pudo conocer por el mismo Jatar, que de la medida sobre sí, se enteró «verbalmente» que deberá presentarse cada 15 días ante un tribunal, que no podrá salir del país y que será el lunes 8 de julio cuando sea trasladado a un tribunal para ser informado oficialmente de la decisión.

«De concretarse lo anunciado, esta excarcelación es una libertad limitada y condicionada a un proceso injusto e ilegal como lo ha denunciado el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU», expresó en un comunicad a la opinión pública en el que agradeció las gestiones de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet con quien comparte nacionalidad.

En septiembre de este 2019 estarían por cumplirse tres años de la detención de Jatar, un caso que comenzó siendo una desaparición forzada y luego una detención arbitraria por informar, para terminar por convertirse en una imputación por legitimación de capitales.

El 5 de septiembre de 2016 Jatar fue detenido luego de haber publicado en el portal que dirige unos videos sobre el cacerolazo que recibió el presidente Nicolás Maduro en el sector Villa Rosa de Nueva Esparta cuando llegaba para hacer un recorrido.

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