Maduro comienza campaña por la Constituyente en medio de protestas
El presidente de la República, Nicolás Maduro, comenzó este jueves una gira por todo el país para hacer campaña por la Asamblea Nacional Constituyente mientras los cuerpos de seguridad continúan dispersando las protestas en su contra y del inminente proceso que se celebrará el próximo 30 de julio.
El mandatario comenzó a armar su artillería para el controvertido proceso en el que se medirán solo el chavismo que permanece monolítico a su alrededor, utilizando las listas de empleados públicos para presionar a la participación en las elecciones de los miembros de esa asamblea.
Ese proceso se celebrará sin la participación de la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la mayor alianza política del país, y de algunos sectores del chavismo críticos al proceso.
Revisión de listas de trabajadores públicos
En un discurso transmitido obligatoriamente en todas las radios y televisoras, Maduro pidió «agarrar la nómina y llamar a todos los trabajadores, llamar a los que tengan carnet de la patria y organizar la forma en que van a ir a votar a las 5.00 el domingo 30 de julio en cambote (grupo)».
«Al final del día revisen la nómina, si tenemos 15.000 trabajadores deben votar los 15.000 trabajadores sin ninguna excusa, empresa por empresa, ministerio por ministerio, gobernación por gobernación, alcaldía por alcaldía», ordenó en una reunión de trabajadores estatales.
El evento se celebró en la ciudad de Guayana del estado Bolívar (sur del país) donde comenzó la gira por la Constituyente.
La Asamblea Nacional Constituyente fue convocada por Maduro el pasado 1 de mayo, tras un mes de protestas de la oposición y una crisis institucional provocada por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de dejar sin funciones al Parlamento y a los parlamentarios sin inmunidad.
Aunque el líder chavista ha defendido la convocatoria del mecanismo para cambiar la Constitución como una forma de «lograr la paz», el anuncio ha recrudecido las protestas de la oposición que desde hace más de tres meses ha causado casi un centenar de muertos.
Continúan las protestas
La jornada del mandatario se desarrolló mientras las fuerzas del orden continuaron conteniendo las protestas en contra de él, la Constituyente, y el Tribunal Supremo de Justicia que ha convalidado el proceso y ha dado luz verde a los procedimientos contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, convertida en la contendiente del Gobierno.
Al menos cuatro centros comerciales en Caracas fueron atacados por los agentes de seguridad para dispersar a cientos de opositores que intentaron sin éxito marchar hacia el oeste de la capital.
El hecho dejó decenas de afectados en los establecimientos Sambil, Chacao, Lido y Paseo Las Mercedes, ubicados en los municipios de Chacao y Baruta, y considerados bastiones opositores.
La oposición venezolana pretendía llegar hasta la sede del Poder Judicial en una actividad denominada «Marcha contra la dictadura» que forma parte de su agenda de manifestaciones en rechazo a la Constituyente.
Esta movilización partió desde unos 40 puntos de la capital, pero tras la actuación de los cuerpos policiales los marchantes continuaron la protesta cerrando las vías durante varias horas.
Designación de Katherine Harington
El día sumó además otro nudo a la trama de la crisis institucional iniciada con la decisión del Supremo de designar a una exviceministra del gabinete de Maduro como segunda al frente de la Fiscalía, que quedaría como primera en la línea de sucesión si el procedimiento contra Ortega Díaz se concreta.
Katherine Haringhton, la vicefiscal designada por la alta corte se quedó en la puerta del Ministerio Público, luego de que la fiscal general, que desconoce su designación, impidiera el acceso de la funcionaria y del grupo de funcionarios del tribunal que le acompañaron.
El Supremo designó el martes a Haringhton, un día después de que el Parlamento, controlado por la oposición, ratificara en ese cargo a Rafael González, designado por la fiscal general el 17 de abril pasado.
Haringhton, sancionada por Estados Unidos en 2015 con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país, fue funcionaria de la Fiscalía y tras liderar varios procesos contra opositores, entre ellos el alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, y el líder de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, por delitos de «conspiración», ocupó el cargo de viceministra del despacho de Interior.
En un comunicado la Fiscalía señaló que la legislación establece que «es una atribución de la Fiscal General de la República designar al Vicescal General de la República, previa autorización de la Asamblea Nacional».
Por tanto, con la designación de Harington «es inconstitucional, ilegal, ilegítima y representa una continuidad a la ruptura del orden constitucional» y que el Supremo «usurpó funciones» de la fiscal general y de la Asamblea Nacional.
