Más de un centenar de organizaciones sociales pidieron al gobierno levantar los obstáculos al derecho a la libre asociación

Durante la mañana del martes 07 de septiembre, más de 100 organizaciones de la sociedad civil, de desarrollo, promoción de los derechos humanos y ambientales divulgaron un documento en el que rechazan la campaña pública de desprestigio, realizada por voceros del Ejecutivo Nacional, contra el trabajo que realizan para la gente y en defensa de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Asimismo, refutaron las sentencias que restringen los derechos de libre asociación e intentan deslegitimar y criminalizar el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos. La actividad se realizó en el auditorio del Colegio María Auxiliadora, ubicado en Altamira, contando con representantes de coaliciones y redes como el Foro por la Vida, Red ARA, Coalición Proacceso y Sinergia, así como grupos como Cecodap, Acción Solidaria, Convite, Cesap y Codevida. En total, el comunicado presentado fue suscrito por 109 organizaciones nacionales, 6 redes nacionales, 13 organizaciones internacionales y 67 personas con amplia trayectoria en el campo social, ambiental y de los derechos humanos.

Feliciano Reyna, representante de Sinergia relató que si bien los ataques contra las organizaciones Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad constituyen el capítulo más reciente de las agresiones, estas no constituyen un hecho aislado sino que forman parte de un patrón de hostigamiento contra las organizaciones de la sociedad civil y negación del derecho de libre asociación, autonomía y desarrollo de las asociaciones para alcanzar y defender una vida más digna. Entre las acciones documentadas se encuentra la descalificación sistemática realizada desde diferentes medios de comunicación, la apertura de juicios y procesos judiciales, la intimidación mediante amenazas públicas así como la privación de libertad. Los principales sectores víctimas de estas agresiones son grupos de derechos humanos, de desarrollo social, asociaciones culturales y sindicales.

Por su parte Liliana Ortega, vocera de COFAVIC, recordó la trayectoria de las iniciativas víctimas de lo que calificó como “intolerancia” gubernamental. Recordó que durante veinte años algunas de estas organizaciones han monitoreado la situación de los derechos humanos en el país, alertando a los poderes públicos sobre estas violaciones. Gracias a la perseverancia de estas iniciativas se ha podido conocer la verdad en casos emblemáticos como la Masacre de El Amparo, Cantaura y Yumare; las víctimas de ejecuciones durante los sucesos de El Caracazo así como las desapariciones forzadas en el estado Vargas durante la vaguada del año 1999. Ortega reiteró que el trabajo de las ONG´s en derechos humanos es incidir en el diseño de políticas públicas mediante la interlocución con los poderes públicos: “Una condición fundamental de un Estado democrático es utilizar el diálogo como estrategia de persuasión y convicción, pero en Venezuela el intercambio y la búsqueda de consensos se ha proscrito y satanizado. Cuando un Estado no flexibiliza sus posiciones, no retrocede cuando debe, ni busca soluciones que satisfagan a todas las partes involucradas, lo que evidencia es que el modelo autoritario gana más espacio como forma de gobernabilidad”.

Rafael Uzcátegui, vocero de Provea, acotó que los ataques buscan erosionar la autonomía de las organizaciones sociales, desestimular la contraloría social independiente así como el real ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución. Asimismo aseguró que el conteo de manifestaciones revela un incremento constante desde los últimos 4 años, realizándose en el primer semestre del 2010 un promedio de 9 manifestaciones al día en el país. El aumento de la conflictividad sugiere que no existe una respuesta satisfactoria de las instituciones públicas a las demandas populares, lo cual ha ido radicalizando las acciones comunitarias, haciendo un mayor uso de estrategias como las huelgas de hambre y provocando fenómenos como pobladas contra destacamentos policiales. Ante esta situación la respuesta del Ministerio Público ha sido criminalizar y enjuiciar a los y las manifestantes, contando con la complicidad de la Defensoría del Pueblo. Uzcátegui calificó las actuaciones de estos dos miembros del Poder Moral como “altamente ineficientes”, cuyas omisiones han tenido consecuencias fatales en el caso del productor agropecuario Franklin Brito, mantiene en prisión al sindicalista Rubén González, prolonga la huelga de hambre de la estudiante de la UBV Lilian Sanguino y ampara los procesos penales abiertos contra los 1500 campesinos del movimiento Jirajara. “El gobierno contiene y reprime las protestas populares, y las iniciativas que acompañan y visibilizan las demandas de los manifestantes, como es el caso de las ONG´s de derechos humanos, son criminalizadas para intentar evitar que continúen apoyando a las víctimas de los abusos e ineficacias estatales”.

El centenar de organizaciones e iniciativas comunitarias solicitaron a los poderes públicos una serie de medidas para revertir la campaña de desprestigio y aumentar las posibilidades que todos y todas las venezolanas, sin exclusiones de ningún tipo, puedan disfrutar de sus derechos. Para los voceros de las ONG´s se ha demostrado que cualquier proyecto que democráticamente intente superar los graves problemas de pobreza, exclusión y violencia necesita contar con el consenso más amplio de la sociedad, así como con la participación de todos los sectores involucrados. Por último reivindicaron el derecho a recibir cooperación internacional, lo cual es la base del trabajo de las organizaciones del mundo entero, tales como Amnistía Internacional, Social Watch y Greenpeace, que luchan por mejorar la democracia, preservar el medio ambiente y acabar con las injusticias.

Lea el comunicado de las Organizaciones de Sociedad Civil aquí

Si desea adherir el comunicado envíe un correo a [email protected] indicando, nombre de la organización, nombre y apellido en caso de las personas, cargo que ocupa en la organización, como el nombre del país desde donde nos remite su adhesión.